Finanzas

ES: sin acuerdo fiscal, todos los caminos conducen al impago

Viernes, 14 de Julio del 2017 | Escrito por - María José Saavedra
Una especie de tarjeta de crédito black, con un enorme límite que se refinancia cuando se topa, es uno de los salvavidas que el Gobierno salvadoreño ha estado ocupando para pagar su gasto de funcionamiento cuando se queda sin dinero.

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Ese mecanismo es el de las renombradas Letras del Tesoro Público (LETES), que han jugado el papel de apagafuego de la billetera del Gobierno desde hace años. 

Las Letes, en su origen, no se crearon para mantener de manera perenne las necesidades financieras, sino para atender las urgencias en caso de que se presentara un problema de caja. Es decir, cuando Hacienda no tuviera dinero para hacerle frente a un pago.

En la práctica, sin embargo, las Letes han servido para cubrir gasto corriente, es decir,  para pagar subsidios, salarios, facturas de proveedores y medicinas entre otros. 

De esa manera, a lo largo de los años, ha habido constantes emisiones de dichas Letras, para que los inversores, entre ellos los bancos locales, las compraran a una tasa de interés establecida y con un vencimiento no mayor a 360 días. 

Esa deuda, también llamada deuda flotante, fluctúa todo el año entre lo que Hacienda paga y lo que vuelve a emitir para tratar de salir de sus apuros financieros.

En ese estira y encoge, existe un punto, no obstante, en el que el límite de esa "tarjeta" llega a su máximo y es cuando las autoridades deben tocar las puertas de la Asamblea Legislativa para solicitar la aprobación de eurobonos, o deuda de largo plazo, para pagar las Letes.

Ese ejercicio se resume en pagar deuda con más deuda, una de corto plazo con otra de largo plazo. Esta última es relativamente más favorable, ya que, al no tener que pagarla en un año, le da una especie de respiro al Gobierno.

La opción alternativa a los eurobonos y al debido proceso en la Asamblea es que los inversores o bancos no retiren su capital al vencimiento y recompren los títulos, una movida conocida en el mercado como "rollover".

El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, confirmó, de hecho, esta semana que los bancos con  Letes que venzan de julio a diciembre, harán rollover. Sin embargo, el funcionario se mostró preocupado de que en esta ocasión el sistema financiero ya no quiera comprar nuevas Letras por las condiciones de riesgo.

Los economistas de los tanques de pensamiento han señalado en repetidas ocasiones ese vicio de la administración pública.

Pero la cada vez más complicada situación fiscal del país, con una caída en impago y la degradación sostenida de su calificación de riesgo soberano, ha hecho que los especialistas vean nuevas amenazas y se planteen otro tipo de preguntas ante la continuidad de dicha práctica.

Una de ellas es sobre el impacto que la crisis fiscal pueda tener en el sistema financiero del país, un sector que salió ileso de la crisis de 2009  y que, desde entonces, se ha considerado un sólido pilar de la macroeconomía. De hecho sus indicadores demuestran no solo que hay liquidez, sino que los niveles de las tasas de depósitos son positivos y que su cobertura está por encima de lo requerido por la ley.

Con todo, algunos economistas y banqueros consultados consideran que el Gobierno deberá  darle un golpe de timón a las finanzas sino quiere atentar contra esa solidez.

Rafael Barraza, presidente del Banco Agrícola, explica que ante un impago en la economía hay dos vías de contagio: una por el lado del gobierno, donde se queda sin recursos para su funcionamiento y manejar su déficit; y la otra por el lado de las calificaciones de riesgo de las empresas y del sistema financiero, algo que afectaría en el acceso al financiamiento externo, tal y como sucedió en 2009, y que impactaría directamente el desempeño de la economía.

Carolina Alas de Franco, investigadora del Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), recuerda que si bien es cierto el primer impago, ocurrido este año, no causó una catástrofe, sí lanzó al país al terreno de lo altamente riesgoso.

“El sistema financiero sigue siendo tan sólido como siempre, pero con el impago lo pellizcaron, porque está en un país riesgoso, lo que le va a encarecer el acceso al crédito internacional”, expresa.

El director de instituciones financieras de Fitch Ratings, Rolando Martínez, recalca también que el primer impago no golpeó al sistema financiero.

“La banca cuenta con un coeficiente patrimonial fuerte, tiene liquidez, los niveles de los depósitos están bien y cuentan con el respaldo de casas matrices fuertes”, resalta.

A pesar de eso, los expertos coinciden en que ese panorama podría enturbiarse rápidamente de darse un nuevo impago. Eso, señalan, podría generar un cambio en la reacción de los bancos.

“En una situación de impago se le dificulta al deudor conseguir  fondos adicionales o renovación del  crédito. Creo que es de todos conocido que, cuando un deudor cae en un estado de insolvencia, pues los acreedores realmente ya no están dispuestos a continuar ofreciéndoles crédito”, aseveró, a principios de junio pasado, cuando el país desfilaba al borde de otro impago, Raúl Cardenal, presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).

“Esta situación (fiscal) sí puede llegar a afectar al sistema financiero. No hay que estirarla hasta un lugar tan peligroso”, advierte, mientras tanto, Alas de Franco.

¿Hay peligro de caer en impago por las Letes?

Ricardo Castaneda, coordinador país para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), considera que las autoridades de Hacienda mantendrán como prioridad obtener los recursos para pagar las Letes, los CIP y, por supuesto, los eurobonos, porque están conscientes del caos que se produciría de no hacerlo.

En su opinión y la de Martínez, de Fitch Ratings, lo que se podría esperar como una reacción natural es que los bancos tenedores de Letes hagan un "rollover".

El problema será, apunta Castaneda, cuando los bancos decidan no comprar nueva deuda de corto plazo, o pedir, a cambio del riesgo, una tasa mayor. De hecho, la tasa de estos títulos pasó de 2.9 %, en enero de 2015, a 6.6 %, en enero de este año. Y para abril pasado, ya había llegado a 6.91 %.

Al consultarle a Barraza si comprarán más Letes, el ejecutivo indica que esa es una decisión de cada banco de acuerdo con el nivel y apetito de riesgo que tengan. “La banca en general sí tiene una postura de apoyar al país, a que este solucione sus problemas.  Sin embargo, son los políticos los que tienen la llave  de un acuerdo que solucione el  financiamiento de corto plazo y el tema del tamaño  de déficit fiscal”, agrega. 

 Claro que inversionistas que quieran seguir comprando deuda de corto plazo siempre habrá en el mercado. Eso sí, a una tasa mayor.

Para los economistas y representantes de la banca, el temor de que el país caiga en un impago de Letes todavía es pequeño. Aunque apuntan que si la crisis fiscal sigue agravándose sí podría darse.

Al mes de junio, el saldo de las Letes ascendía a $713 millones, y en julio se vencen cerca de $108 millones.

Los especialistas indican que, dado que Hacienda no tiene dinero para honrar la deuda de aquellos tenedores que quieran recuperar su inversión en las sucesivas fechas de vencimiento, el ministerio tendría que hacer más recortes presupuestarios, congelar salarios o encontrar la anuencia de la Asamblea para emitir Eurobonos y trasladar la preocupación al futuro.

Ante ese escenario, Castaneda observa: “Si no se logra un acuerdo fiscal que comience a corregir el rumbo de las finanzas, todos los escenarios posibles terminarán afectando severamente a la población”.

El país ante el impago de Letes

Los economistas indican que un impago de Letes tendría efectos catastróficos para El Salvador. Barraza matiza que del lado de la banca, las instituciones tendrían una baja exposición porque del saldo total, el sistema financiero es tenedor de más o menos $280 millones y porque además tiene una muy buena cobertura de los depósitos.

El hecho, afectaría en cambio las calificaciones de riesgo, lo que, como ya se apuntó, cerraría el acceso a créditos y los encarecería.

En contraste, a nivel general, el gobierno caería en quiebra, lo que por consiguiente afectaría a todos los servicios y al pago no solo de proveedores, sino también de salarios. Ante eso, el gobierno se vería obligado a hacer grandes recortes presupuestarios que afectarían al crecimiento económico y social.

El efecto macroeconómico podría derivar, además, en una desdolarización obligada, que empujaría a emitir moneda propia y con eso subsanar algunas necesidades, comenta el economista del ICEFI.

Para mitigar esos temores, los especialistas consideran que la solución es clara: la Asamblea Legislativa debe aprobar una nueva emisión de eurobonos. Un reto político que, de momento, se encuentra en un punto muerto.

Sin embargo, los economistas indican que sin un acuerdo fiscal integral y a largo plazo, todos los caminos del país conducirán al impago.

Sobre todo si las finanzas públicas reflejan más gastos que ingresos, si no hay presupuestos completos y si se aplica austeridad a costa de la seguridad social de la gente, concluye Castaneda.

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