Los principales desafíos fiscales para la región son de naturaleza política, más que técnica; es una de las principales conclusiones del informe denominado “La política fiscal de Centroamérica en tiempos de crisis”, elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), que fue presentado esta mañana en San Salvador.

El informe, el segundo que lanza la entidad, luego del primero publicado en 2007, también destaca la necesidad regional de emprender reformas efectivas en la tributación y el gasto público orientadas a la equidad y al crecimiento económico, para lo cual, se requiere de acuerdos políticos en los órganos legislativos.

El economista senior de la entidad, José Ricardo Barrientos, señaló que el segundo gran desafío para el istmo es fortalecer los ingresos. En el contexto de la crisis económica global, todos los países propusieron reformas tributarias, y todos, con excepción de Costa Rica, lograron aprobarlas, explicó. Sin embargo, el ICEFI destaca que éstas aún son insuficientes. Para reforzarlas, se vuelve al primer gran reto, ya que es necesario el acuerdo político en cada uno de los países para emprender nuevas reformas.

En el caso salvadoreño, Barrientos comentó que el fortalecimiento de los ingresos tributarios tiene dos dificultades principales: la primera está relacionado con una débil imposición a la renta de personas naturales en el caso de las ganancias por negocios y la renta de capital y dividendos; y la segundo, tiene que ver con la regulación del secreto bancario mediante la cual podrían cotejarse las declaraciones de renta en la labor fiscal.

El informe, que revisa el comportamiento fiscal de los países en la última década (2001-2010), destaca que El Salvador fue la única nación que no logró reducir el saldo de su deuda pública, a la que lejos de eso agregó 10 puntos porcentuales.

En ese contexto, el ICEFI señala que “la apretada situación financiera del Gobierno y una deuda creciente requieren medidas fiscales enérgicas, para las cuales los conflictos político partidarios no solo son un obstáculo, sino además un retroceso que mina y vulnera la institucionalidad”.

En el caso salvadoreño, Barrientos destacó, además, la reciente crisis institucional relacionada con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República como una muestra de la dificultad democrática de encontrar acuerdos.