Las acusaciones entre dirigentes del FMLN y directivos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) terminaron de nuevo ayer en las oficinas de la Fiscalía General de la República. Esta vez fue el director ejecutivo de la gremial empresarial, Arnoldo Jiménez, quien se hizo presente a la sede fiscal para presentar un aviso solicitando al ministerio público que investigue a la empresa Alba Petróleos.

“Ante una serie de intimidaciones de demandas penales recibidas en contra de mi persona, con el objeto de coartarme mi derecho a la libertad de expresión, este día me estoy presentando ante la Fiscalía para interponer un aviso”, dijo Jiménez.

Jiménez llevaba un fólder con información que, según dijo, puede ser de mucha utilidad para que la Fiscalía investigue si la empresa mixta ha caído en ilícitos como lavado de dinero u otras irregularidades.

“Hemos presentado una información de ALBA donde vemos toda la estructura corporativa de Alba Petróleos. Vemos noticias totalmente públicas de fuentes reconocidas relacionadas con otras denuncias”, explicó.

Entre estas, hay noticias sobre denuncias de alcaldías descontentas con ALBA, otras relacionadas con evasión de impuestos, lavado de dinero e incluso relacionadas con lavado de dinero de ALBA con la República de Irán, añadió el representante de ANEP.

Asimismo, aseguró Jiménez, hay denuncias sobre productos pagados por encima de su valor y sobre compra de petróleo por encima de su valor.

Alba Petróleos está integrada por Energía para El Salvador (ENEPASA), creada por alcaldes del FMLN; y PDV Caribe, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Entró hace seis años al mercado salvadoreño con la importación y venta de combustibles, pero el año pasado creó Alba Alimentos y este año lanzó Tu Financiera, dedicada a los microcréditos.

En la actualidad prepara su incursión en otras áreas como la energía solar y el transporte público ya sea como actor directo o como financista. ANEP acusa a Alba Petróleos de recurrir a prácticas desleales y utilizar los resortes del Estado para desplazar a otros sectores de la economía ya establecidos.

FMLN demandará a Jiménez

Por su parte, el secretario general del FMLN, Medardo González, y el vocero efemelenista, Roberto Lorenzana, anunciaron ayer que el partido ha decidido denunciar a Jiménez ante la Fiscalía por los delitos de calumnia, luego de que el representante del sector privado acusó a Alba Petróleos de “lavado de dinero”.

Lorenzana espera que Jiménez haya denunciado ante la Fiscalía que ALBA Petróleos lava dinero, como denunció. ALBA Petróleos demandará hoy a Jiménez.

“Esperamos que en esa acusación vaya también establecida la acusación que hizo en público, porque en público él habló de lavado de dinero”, dijo Lorenzana.

Privados: ALBA en Nicaragua y El Salvador es lo mismo

Los representantes de la empresa privada advierten que el proyecto económico ALBA de El Salvador sigue el mismo guion que Nicaragua, donde, del poder económico, un sector logra mantener el poder político.

“Es extremadamente la similitud (de Nicaragua) a lo que está sucediendo en nuestro país. Me atrevería a decir que los pasos y las situaciones son calcadas a las que estamos viviendo en nuestro país y cómo se van tomando o pretenden tomarse las instituciones. Y cómo poco a poco van tomándose el poder económico para ir manteniendo el poder político”, dijo Jorge Daboub, presidente de la Asociación de la Empresa Privada.

En Nicaragua, la columna vertebral del proyecto de economía mixta es ALBANISA, que se encarga de comercializar petróleo proveniente de Venezuela.

El proyecto empresarial está dirigido por el presidente Daniel Ortega y su familia. Bajo esa iniciativa han surgido diversas ramas comerciales.

En El Salvador, Alba Petróleos surgió en 2006 como una empresa donde el 40% de las acciones fue un aporte de las alcaldías gobernadas por el FMLN (ENEPASA) y el 60% por el sector privado, con fondos de la empresa venezolana PDV Caribe S.A.

Eduardo Enríquez, jefe de redacción del periódico La Prensa de Nicaragua, presentó ayer el libro denominado “La muerte de la República”, donde narra cómo Ortega logró “destruir las instituciones democráticas” e instalar el “régimen absolutista” en el país centroamericano.

“El sistema de Daniel Ortega, con diferentes matices, es el mismo que se utiliza en los países donde hay régimen del ALBA”, consideró Enríquez.

Javier Simán, presidente de la ASI, pidió ayer igualdad de condiciones para competir en el mercado salvadoreño.

Luz Estrella Rodríguez, del FMLN y fundadora de Alba Petróleos, negó que exista vinculación entre los proyectos del ALBA. “Y qué vinculación hay. Eso es incoherente. Nicaragua es un país, Venezuela es otro país y El Salvador tiene sus propios proyectos y su propia visón de cómo trabajarlos”, sostuvo la funcionaria.

Los representantes de la empresa privada han manifestado que el FMLN puede usar los recursos provenientes de Alba Petróleos para financiar la campaña política para las presidenciales de 2014. El FMLN ha negado esa situación.

FUSADES: En ALBA hay fondos públicos

Los proyectos desarrollados bajo la iniciativa ALBA en El Salvador, que ya incluyen negocios que van desde el rubro de combustibles y lubricantes, hasta el de alimentos, deberían estar sujetos a la Ley de Acceso a la Información, debido a que hay fondos públicos involucrados en estos.

Así lo explicó Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales (DEL) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

FUSADES presentó ayer un avance de su Informe de Coyuntura Legal e Institucional, que incluye un apartado sobre transparencia. Consultados por los medios de comunicación sobre los cuestionamientos que algunos gremios empresariales han hecho a la iniciativa ALBA, los analistas de FUSADES dijeron no tener conclusiones particulares.

Sin embargo, en el tema de transparencia sí habría forma de buscar más información sobre ello, si se aplicara la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

“En cuanto a la transparencia, la LAIP se rige por el principio de máxima publicidad... donde hay fondos públicos, están sujetos a la Ley de Acceso a la Información”, indicó el director de DEL.

Lamentó que la falta de un ente rector para la aplicación de la LAIP, en este caso un Instituto de Acceso a la Información Pública, dificulta que se dé este tipo de contraloría en este y otros casos: “Como no existe un ente rector, se da este tipo de discrecionalidades, que si quiero doy la información, y si no, no”.

*Imágenes tomadas de Laprensagrafica.com