Panamá seguirá apostado a los Tratado de Doble Tributación (TDT) para salir de las "listas grises" de paraísos fiscales, diseñada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como reconoció hoy el presidente panameño Ricardo Martinelli, en una visión de Estado.

Martinelli, quien cumple un año en el poder, advirtió de la posibilidad de que este año sea sobrepasada la neta de 12 TDT con países de la OCDE, para salir de las "listas grises" de países no cooperadores en materia fiscal y eliminar un obstáculo a las inversiones y a la atracción de capitales.

Las declaraciones del mandatario en defensa del Centro Bancario Internacional (CBI), con sede en la capital panameña, se produjeron después de que medios de comunicación denunciaran en España una estampida de fondos no declarados a mercados como Panamá, Singapur, Costa Rica, Uruguay y el territorio de Gibraltar, bajo jurisdicción británica.

Se calcula que los grandes patrimonios españoles tienen entre 60.000 y 100.000 millones de euros en paraísos fiscales. Sin embargo, Martinelli, quien esta semana recibió al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, reseñó que Panamá mantiene un sistema bancario serio y ha concretado TDT con México y Barbados, y cumlminó las negociaciones con Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Qatar, España, Italia y Francia.

La ofensiva panameña abarca negociaciones con Portugal, Singapur, Corea del Sur, la República Checa, Canadá, Bulgaria, Hungría, Portugal, Gran Bretaña, Chipre, Alemania y Suiza, en procura de acuerdos bilaterales para evitar la doble tributación. Desde la década de 1970, Panamá, con una economía dolarizada, es sede de un desarrollado Centro Bancario Internacional (CBI), pero nunca ha aceptado ser un paraíso fiscal.

Los activos del Centro en base individual alcanzan actualmente unos 63.960 millones de dólares. Al respecto, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Mario de Diego, manifestó que el CBI se diferencia de paraísos fiscales, porque cuenta con entidades físicas y no de papel, y dispone de una exigente legislación de la banca, que castiga los delitos financieros y el "lavado de dinero".

Asimismo, aclaró que Panamá ha acogido el Acuerdo de Basilea II, sobre riesgos financieros y operativos en el ámbito bancario. De Diego destacó que en la década de 1990, durante la crisis en Argentina y Brasil, algunos capitales fueron transferidos al CBI, debido a su estabilidad económica, y posteriormente retornaron a ambos países para contribuir al fortalecimiento de sus economías.

El banquero estimó que el CBI presta a Latinoamérica una función similar a la que realiza Suiza en Europa y es "injusto" un castigo económico, que favorecería a centros bancarios en Miami, Estados Unidos, y a los registrados en territorios insulares del Caribe. En el sistema operan dos bancos oficiales, 47 de Licencia General, de los cuales dos son oficiales, 28 son extranjeros, 17 son bancos privados panameños, y tres de ellos funcionan como entidades de microfinanzas. Con Licencia Internacional han recibido aprobación 31 bancos y 15 son Oficinas de Representación.

En febrero de 2010 la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) anunció la aprobación de disposiciones más rigurosas, que obligan a los bancos con presencia física regional y operaciones en otros mercados internacionales a contar con una calificación de riesgo internacional. El economista panameño Alexis Soto planteó que a diferencia de lo que opinan los detractores de la actividad bancaria, "Panamá no es un paraíso fiscal, porque la mayor parte de los incentivos fiscales son iguales, tanto para extranjeros como para locales".

Añadió que en este país no rige el secreto de la banca, sino el principio de "confidencialidad" en el CBI, que ha resistido todas las crisis económicas mundiales, y recurre a los TDT para mantener su fortaleza y ofrecer servicios bancarios y financieros eficientes.