Una autoridad reguladora panameña informó ayer que multó con un $1 millón a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste (Edemet), controlada por la española Gas Natural Fenosa, por "incumplir normas vigentes en materia de electricidad".

"La empresa eléctrica incumplió con el plazo mínimo para la compra de energía y disponibilidad de la misma para abastecer a sus clientes durante los años 2005 y 2006", indicó la Autoridad de los Servicios Públicos de Panamá (ASEP) en un comunicado divulgado ayer.

Gas Natural Fenosa, a través de un comunicado, rechazó ayer el alegato de la ASEP y anunció que después de que sea notificada oficialmente de la sanción ejercerá "los derechos que garantiza la Constitución y la Ley" del país.

El organismo regulador panameño explicó que detectó la "anomalía" en la que habría incurrido Edemet a través de un "análisis de los procesos de compra de energía llevados a cabo en los 2003, 2004 y 2005".

Edemet "deberá acreditar en un plazo no mayor de 60 días calendario el total de la multa impuesta entre todos los clientes" del área de concesión que ostenta, que "abarca una parte de la ciudad de Panamá hasta la provincia de Veraguas", precisó el comunicado oficial.

La ASEP señaló que abrió en 2006 el proceso contra Edemet, que, según el ente regulador, ejerció "acciones legales ante Corte Suprema de Justicia", la cual a finales de 2011 falló a favor del ente regulador, que retomó el caso y "lo pudo concluir con la sanción indicada".

Por su parte Gas Natural Fenosa indicó en su comunicado que "dado que en el expediente consta y fue comprobado de forma fehaciente que Edemet sí cumplió con su obligación de atender la demanda de los clientes regulados (...) una vez se nos notifique (la ASEP) formalmente de esta medida (de multa), ejerceremos los derechos que nos garantiza la Constitución y la Ley".

Gas Natural Fenosa, que en 2009 compró todos los activos en Panamá de la también española Unión Fenosa, maneja a través de Edemet y de la empresa Edechi el 51% del mercado eléctrico panameño.

El 39% de ambas empresas lo controla el Estado, mientras que el porcentaje accionarial restante está en manos de los trabajadores y otros tenedores.