El Gobierno sigue abierto a la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) –en marzo expira el que todavía está vigente–, aunque señaló que la decisión se tomará luego de una visita que haga el fondo.

El FMI y el Gobierno salvadoreño suscribieron en 2010 un acuerdo de préstamo precautorio (SBA, por sus siglas en inglés) por $790 millones. El programa contemplaba cumplir metas económicas y garantizaba estabilidad frente a inversionistas, multilaterales y calificadoras de riesgo.

Alexander Segovia, titular de la Secretaría Técnica, indicó que el propósito del Gobierno era extenderlo hasta abril o mayo de 2014, para que el Gobierno siguiente tuviera la facultad de seguir o no: “Dado que el tiempo avanzó, ahora tenemos que valorar si esa es la mejor opción”.

En marzo vienen los representantes del FMI al país para hacer un diagnóstico general de la economía. Las fechas coinciden con la caducidad del SBA vigente, que se suscribió en 2010 para tres años. Segovia indica que todavía están valorando la conveniencia de renovar. “Vamos a esperar la visita de la misión del FMI y con base en los hallazgos tomaremos decisiones”, explicó.

Aunque el acuerdo aún no expira, El Salvador perdió los beneficios en abril de 2012. El motivo de dejar el SBA “inactivo” fue del fondo y se debió a una discrepancia entre las metas fiscales que se dialogaron con el Gobierno y las reales, con las que cerró el año. La diferencia entre gastos e ingresos del Gobierno para 2011 se había previsto en $750 millones y cerró en $906 millones. El incumplimiento provocó que el FMI enviara una carta donde el SBA quedaba en “switch-off”, es decir, apagado o inactivo.

En septiembre, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial suspendieron los desembolsos de préstamos que ya habían sido aprobados. Ambas operaciones sumaban $250 millones y servían para llenar los vacíos de la caja chica del fisco. El único que se logró desentrampar fue el desembolso del Banco Interamericano, mientras que el del Banco Mundial no se ha aprobado. La transferencia de recursos desde los multilaterales tenía un vínculo o condición con el SBA.

Segovia se mostró confiado en que las finanzas públicas están encaminándose hacia la sostenibilidad. “Estamos en un diálogo con los organismos internacionales, negociando la última operación que tendrían con este Gobierno y no hay ninguna relación directa en firmar un acuerdo o no con la posibilidad de obtener financiamiento externo a estas alturas”, dijo, “nosotros, en todo caso, estamos comprometidos para seguir avanzando en el tema fiscal”.

Para este año, el Ministerio de Hacienda (MH) incluyó $217 millones de financiamiento externo en el presupuesto general. Esto significa que las operaciones ya fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa y solo quedaría que los diputados también aprueben los desembolsos de estos préstamos en sesión plenaria.

La confianza de Segovia en el futuro equilibrio de las finanzas públicas va más allá del programa con el fondo: “Si logramos avanzar, independientemente de lo que ocurra con el fondo, mandamos el mensaje de que estamos actuando de manera responsable y el país sale ganando”.

Acuerdo con FMI servía como fondo estabilización

El acuerdo de préstamo precautorio (SBA, por sus siglas en inglés) con el Fondo Monetario Internacional tenía como función principal respaldar la liquidez del sistema frente a una situación extrema, como fuga de depósitos o de otros flujos de dinero.

En períodos preelectorales, el peligro de que los inversionistas o los depositantes retiren su efectivo aumenta. El motivo principal es la incertidumbre sobre las decisiones que tomará el Gobierno saliente, o el que será electo.

Sin el acuerdo de préstamo precautorio, los analistas consultados por este medio indican que todo el peso de respaldar la liquidez caerá sobre los bancos. La medida se conoce como el “encaje legal”, es decir, el porcentaje de los depósitos que los bancos tienen protegidos en el Banco Central de Reserva (BCR). Un porcentaje importante de estos recursos están invertidos en deuda del Gobierno.

Sin un garante como el SBA, el “encaje legal” tendrá que incrementar porque el BCR no puede asumir el papel de financiar instituciones con problemas de liquidez. La dolarización le quitó esta potestad.

Previo a las elecciones de 2009, este porcentaje de recursos protegidos pasó del 3% al 6% del total. El dinero se devolvió a los bancos paulatinamente, mientras avanzaba el período de transición.