La subasta de siete aviones Bombardier CRJ 900 de la aerolínea uruguaya Pluna liquidada el pasado julio se realizará mañana con una base de $136,885,156, informaron hoy fuentes oficiales.

El acto se cumplirá en el Aeropuerto Internacional de Carrasco desde las 12:00 hora local (15:00 GMT) y será "presencial y a viva voz", detalló la Presidencia uruguaya en su página en internet.

La subasta estará a cargo de un rematador público designado por la Asociación Nacional de Rematadores.

Entre las compañías aéreas que han manifestado su interés de participar en la subasta figuran la venezolana Conviasa, la argentina Sol y BQB, propiedad del empresario argentino Juan Carlos López Mena.

También anunció su voluntad la empresa de autobuses de Montevideo, CUTCSA, que tiene entre sus socios decenas de emigrantes españoles.

Para el caso de que no se reciban ofertas por el monto de todo el paquete, la subasta se declarará desierta y una hora después se iniciará otra con el denominado "sistema a la baja" y hasta un mínimo de $100 millones como precio final por los siete aviones.

La entrega de los aviones será en un plazo máximo de 30 días y quienes los compren podrán negociar con el Estado uruguayo la habilitación de frecuencias que explotaba Pluna y la contratación de los exfuncionarios de la aerolínea uruguaya.

El Gobierno del presidente José Mujica "maneja un plan B" para el caso de que la subasta "sea declarada desierta", señaló el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia.

El Parlamento uruguayo aprobó el 17 de julio pasado la liquidación de Pluna, tras un proyecto impulsado por la administración de Mujica, debido a la crítica situación financiera de la empresa.

Al momento del anuncio de su quiebra, el pasado 9 de julio, Pluna operaba unos 250 vuelos semanales desde y hacia Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, lo que suponía cerca del 80% del total de vuelos en Uruguay.

Algunas de sus frecuencias le fueron otorgadas temporalmente a otras compañías.

El pasado 15 de junio, el Gobierno uruguayo anunció un acuerdo para una "salida ordenada" con el Grupo argentino Leadgate, que tenía el 75% de las acciones de Pluna, mientras que el Estado poseía el 25% restante.

Tras la intervención, el Gobierno se dio un plazo de un mes para recibir inversionistas interesados en adquirir la empresa, pero estos nunca aparecieron, lo que detonó la decisión de suspender sus actividades y proceder a la disolución.

Según cifras oficiales, al momento de la quiebra Pluna tenía deudas por $380 millones, entre ellas unos $13.3 millones con pasajeros que no pudieron volar.