El pasado viernes, el presidente Alvaro Colom amplió por 15 años un contrato para la explotación de petróleo en el norte del país con la firma francesa Perenco. La ampliación de un contrato petrolero con una firma francesa y la continuidad de las operaciones de una mina de oro por otra canadiense, pese a una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de suspender las actividades, mantienen divididos a los guatemaltecos.

Empresarios partidarios de los proyectos mantienen una disputa con diversos grupos ambientalistas y sociales que, junto a personalidades como la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, se oponen a la explotación "irracional" de los recursos naturales.

El pasado viernes, el presidente Alvaro Colom amplió por 15 años un contrato para la explotación de petróleo en el norte del país con la firma francesa Perenco.

Además, la canadiense GoldCorp continúa operando una mina de oro al oeste del país, a pesar de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Hmanos (CIDH), con sede en Washington, de que se detengan los trabajos.

Una de las principales organizaciones indígenas Waqib´ Kej rechazó la ampliación del contrato petrolero, al considerar que "el gobierno entregó este bien sin consultar ni tomar en cuenta la opinión de las comunidades en resistencia contra el saqueo de sus recursos naturales, la usurpación de la tierra y el territorio".

También el Frente Popular, integrado por organizaciones sindicales y populares, manifiestó su repudio a la decisión del gobernante de ampliar el proyecto petrolero.
"La decisión del presidente es errática porque se hace a sabiendas de los efectos nocivos que ha causado la explotación petrolera contra el Parque Nacional Laguna del Tigre, el humedal más importante y extenso de Centroamérica", afirmó el conglomerado de organizaciones.

A su vez, Menchú junto al obispo católico Alvaro Ramazzini y líderes de varias comunidades aledañas a la mina de oro, interpuso un recurso legal para frenar sus operaciones.
Según el fallo de la CIDH, emitido el pasado 20 de mayo, un estudio de 2005 determinó que existe contaminación del agua en 18 comunidades aledañas a la mina.

En respuesta, la Presidencia guatemalteca anunció el 23 de junio que acatará la resolución de la CIDH, un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero que por ahora continuará la explotación minera.