Un campesino fue asesinado hoy en el Bajo Aguán, en el Caribe de Honduras, donde en los últimos días la muerte de labriegos y la invasión de tierras ha reavivado un conflicto agrario que se creía había terminado con la firma de acuerdo en junio pasado.

El secretario general del Movimiento Campesino Unificado del Aguán (Muca), Yoni Rivas, dijo a Acan-Efe que hoy por la madrugada guardias de seguridad privada de la finca Los Laureles, ubicada en el Bajo Aguán, departamento caribeño de Colón, "dispararon de forma masiva" contra Israel García, de 37 años, uno de los 200 campesinos que invadieron el pasado 20 de julio esa propiedad.

"Personas que estaban cercas de él (García) vieron cuando los guardias de seguridad le disparaban", agregó Rivas, quien reportó la desaparición de otros tres campesinos.

La polémica agraria en el Bajo Aguán no se solucionará "militarizando, asesinando y reprimiendo", subrayó el dirigente campesino, quien señaló que pedirán al presidente de Honduras, Porfirio Lobo, que instale una "mesa de diálogo" en el Bajo Aguán, orientada a "solucionar el conflicto en la zona".

Lobo reafirmó hoy que atacará "como un problema de seguridad nacional" el conflicto agrario en el Bajo Aguán, porque algunos grupos que reclaman tierras en el lugar no son campesinos.

"Tengo otro paquete de tierras pero para los campesinos que trabajan", dijo hoy Lobo, durante la entrega de títulos de tierras en la ciudad norteña de San Pedro Sula.

El pasado 20 de julio, unos 200 campesinos invadieron unas 530 hectáreas de tierras de la finca Los Laureles, propiedad del empresario Miguel Facusse, enfrentamiento en el que un guardia de seguridad privada resultó herido de bala.

Dirigentes campesinos denunciaron el pasado día 7 el asesinato de dos labriegos en el Bajo Aguán, lo que revivió el conflicto agrario que en los últimos dos años y medio se ha cobrado la vida de más de 50 personas, en su mayoría campesinos.

Lobo suscribió el pasado 5 de junio un cuarto acuerdo con campesinos orientado a comprar 2,429 hectáreas de tierras, la mayoría cultivas de palma africana, a empresarios del Bajo Aguán, por unos $17 millones.

En octubre de 2011, el gobernante envió un contingente de militares y policías al Bajo Aguán, debido a los enfrentamientos entre campesinos y guardias de seguridad privada, pero la violencia no cesa.