El Congreso de Honduras aprobó el miércoles una ley que pone fin a una veda de varios años para otorgar nuevos permisos de explotación minera, condicionándolos a que sean los pueblos quienes decidan sobre si quieren nuevos proyectos en las zonas donde habitan o no.

Además, la Ley General de Minería eleva a un 2% de las exportaciones "libre a bordo" (FOB, por su sigla en inglés) de minerales de la localidad donde se establece un proyecto, el impuesto que deben pagar las empresas, que era de un 1% en la legislación previa.

También agrega un impuesto nuevo de un 1% cuyos fondos serán destinados a financiar una institución dedicada a la investigación científica y control de la actividad minera y otro de un 1% para ser contraparte en los proyectos de desarrollo de Coalianza, un organismo estatal que impulsa negocios público-privados.

"Hay una oportunidad para que se otorguen nuevos permisos de explotación y que la minería se instale en Honduras, y los pueblos van a decidir en consultas ciudadanas convocadas por las alcaldías si los autorizan o no", dijo a Reuters el diputado miembro de la comisión de minería del Congreso, Fredy Espinoza.

En Honduras operan American Pacific, subsidiaria de la compañía belga Nyrstar, Minerales de Occidente (MINOSA) de la canadiense Aura Mineral, Cerros del Sur de la estadounidense Mayan Gold, Five Star Mining y Eurocanteras de la compañía Goldlake Investments Ltd con sede en Londres y socios privados italianos, según la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (ANAMIMH).

Zelaya, derrocado en el 2009, había establecido la veda a los nuevos permisos mineros después de conflictos entre pobladores y ambientalistas por algunos proyectos de minería a cielo abierto.