La inflación real en Argentina, la segunda más alta de América Latina, vuela tan alto que echa sombras sobre una vigorosa tasa de crecimiento, señalaron analistas e institutos privados.

"Tenemos la segunda inflación anual verdadera más alta (más del 20%) después de Venezuela (más del 30%)", comentó este lunes a la AFP el economista Fausto Spotorno, de la consultora privada Orlando Ferreres y Asociados.

Spotorno mencionó, también, la curiosidad de que Argentina esté ocupando también el tercer lugar en la región, porque es muy elevado, incluso, el cuestionado y desacreditado indicador oficial del INDEC.

Según el INDEC, entidad investigada en la Justicia por graves denuncias de manipulación de cifras, Argentina acumula 6,7% de inflación en lo que va del año.

El ente de estadísticas está en el ojo del temporal, con un duro debate que llegó al Congreso, donde la oposición intenta aprobar una ley que ponga fin a la intervención del gobierno en el organismo.

Una inflación real del 25% anual "es lo que dice la mayor parte de las estimaciones privadas (...) Argentina tiene en la inflación una asignatura pendiente", señaló Bernardo Kosacoff, ex director de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Mientras el gobierno proyecta una increíble inflación del 11% anual, la consultora internacional Consensus Forecast señala que la estadística no oficial "más realista apunta a un 24,4%".

Semejante índice de precios minoristas calculado por institutos privados contrasta con un alza anual del Producto Interno Bruto (PIB) que el gobierno estima en 5,9%.

"Es una disyuntiva para Argentina tener este nivel de crecimiento pero con alta inflación. Se está sacrificando así el futuro, porque se reduce la inversión", analizó Spotorno.

Sólo entre enero y julio de este año, la economía creció un 9%, según datos oficiales, a la vez que se disparan los precios de los productos de alto consumo popular como la carne, con alzas de más de 40%.

El indicador inflacionario gubernamental ha sido cuestionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones económicas internacionales, pero la paradoja es que la central obrera peronista CGT, aliada de la presidenta Cristina Kirchner, la ignora para reclamar aumentos salariales.

Los mayoritarios sindicatos progubernamentales, entre ellos los industriales y comerciales, pactan con los empresarios ajustes de sueldos mayores a 25% para este año, en negociaciones libres celebradas en el ministerio de Trabajo.

"Nosotros nos fijamos en el INDEC del supermercado y las amas de casa", suele ironizar el líder la CGT, Hugo Moyano, quien representa a más de seis millones de trabajadores sindicalizados.

Sin embargo, Moyano defendió la orientación gubernamental al afirmar que "peor es la inflación cero con ajuste (...) Al menos esta posibilita una movilidad social muy importante".

Pero la mejora en los ingresos, uno de los motores del sostenido consumo que empuja el crecimiento del PIB, deja afuera a los trabajadores autónomos y a un 40% de la fuerza laboral que no está registrada legalmente.

La política de Cristina Kirchner y de su marido, Néstor Kirchner, influyente ex mandatario (2003-2007) y líder del gobernante peronismo, es mantener a rajatabla el crecimiento y el consumo, que consideran la contracara del monetarismo ortodoxo del FMI y las doctrinas neoliberales.

Pero la inflación y la informalidad laboral impactan sobre los sectores populares, con unos cuatro millones de trabajadores no registrados y 1,3 millones desempleados que carecen de seguro social, según la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI).

"El nivel de empleo es alto, pero también son altas la inflación y la tasa de pobreza (...) Son las paradojas de este modelo económico", dijo Marina Dal Poggetto, del Estudio Bein y Asociados.

Mientras el gobierno asegura que la pobreza alcanza 13%, los institutos de estudios económicos de la privada Universidad Católica sostienen que orilla un 30%, en otro frente de polémica que involucra al INDEC.