Entidades empresarias agrícolas promoverán esta semana la parálisis de la compra-venta de granos en Argentina, en protesta por la política del gobierno para el trigo, con una crónica disputa por la carga impositiva sobre las formidables exportaciones del sector como telón de fondo.

"Es el quinto año que las medidas del Gobierno impiden la normal comercializacion de la cosecha de trigo", criticó el domingo Hugo Biolcati, presidente de la Sociedad Rural, una de las entidades que convocan al lock-out, y la que reúne a los mayores propietarios de tierra.

El dirigente aclaró por la radio El Mundo que la medida, por la cual los productores se abstendrán de comercializar cereales y oleaginosas entre este lunes y el domingo 23, no causará desabastecimiento ni inflación, pero advirtió que habrá más protestas en el futuro si el conflicto persiste.

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en tanto, ratificó la política oficial, lamentó la decisión empresaria, a la que consideró un error, y especuló que será inocua para la economía.

Según Biolcati, de la actual cosecha triguera de cerca de 15 millones de toneladas, el mercado interno solo necesita seis millones, por lo que cuestionó los cupos del gobierno a los exportadores, lo que a su juicio "anuló la competencia" y deprimió los precios para el productor.

El presidente de "la Rural" se quejó de que "23% del precio se lo lleva el Estado", y agregó que "hay entre 20 y 25% que se lo guardan los compradores". "Esto ha significado (en cinco años) una transferencia a los compradores, que son los molinos y los exportadores, unas cuarenta compañías, de unos 2.500 millones de dólares", calculó.

De su lado, el ministro Domínguez afirmó que la protesta fue decidida "a partir de una información equivocada, diciendo que no liberamos los 3 millones de toneladas" del anuncio oficial que llevó a 7 millones lo autorizado a exportar, mientras se termina de certificar el volumen total de la cosecha, la mejor en años.

"Abrimos la totalidad del saldo exportable, como nos habíamos comprometido. Por eso no entiendo la medida de fuerza", dijo Domínguez en una entrevista con el diario Tiempo Argentino, publicada este domingo.

El funcionario defendió la política oficial, porque "un estado soberano tiene la potestad de fijar cuál es el cupo de la seguridad alimenticia para el abastecimiento interno, y para el trigo necesitamos 6,5 millones de toneladas", explicó.

Dijo además que para el gobierno, "la prioridad son los pequeños y medianos productores, y en el trigo la ecuación es muy sencilla: el 92% de los productores, 27.000 de los 30.000 agricultores, produce el 50% del trigo, es decir 7 millones de toneladas".

"El otro 50% lo produce 8 u 10%, por lo cual debemos trabajar y crear los instrumentos para que esos 27.000 productores no tengan problemas", afirmó.

Las entidades empresarias agrarias, lideradas por la Sociedad Rural, están nuevamente en pie de guerra a diez meses de la elección presidencial, luego de una extendida protesta en 2008 contra la política impositiva para las exportaciones de soja, la principal riqueza del país, que derivó en una dura derrota para el oficialismo en las legislativas de 2009.

El trigo fue el cultivo emblema del otrora 'granero del mundo', como se conocía a Argentina a comienzos del siglo XX, pero ha cedido terreno frente a la soja, que se ha convertido en el principal producto de exportación del país sudamericano, al que le reporta unos 6.000 millones de dólares anuales.

Argentina es el quinto productor mundial de alimentos, el tercer exportador mundial de soja, el segundo de maíz y el cuarto de trigo.