El Colegio de Arqueólogos de Chile denunció "impunidad" por la destrucción de sitios arqueológicos en el país austral cometidos en el Rally Dakar entre 2009 y 2012.

En un comunicado, los arqueólogos señalan que la compañía organizadora "Amaury Sport Organisation" ha sido eximida de sus actos "ilícitos" por parte de las autoridades y critican que en las ediciones de 2011 y 2012 se eliminaron las medidas de compensación.

Este gremio indica que la falta de castigo por parte del gobierno se debe a que el Rally es "una actividad auspiciada por un organismo del Estado, el Instituto Nacional del Deporte (IND)".

"El Rally Dakar está destruyendo algo más que patrimonio ambiental o arqueológico, está poniendo en jaque a todo un sistema de protección político/jurídico", aseguró Paola González, vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos.

Añadió González que les parece "incomprensible" que el Gobierno chileno "permanezca inactivo" frente a la destrucción de su patrimonio.

"¿Por qué se permite que una empresa extranjera vulnere nuestra institucionalidad penal y ambiental?", se preguntó.

Los arqueólogos chilenos apuntan que también acudieron al poder judicial y que, a pesar de la existencia de documentos oficiales que "acreditan la destrucción y daños graves a sitios arqueológicos", las acciones legales contra la carrera fueron desestimadas "sistemáticamente".

Según el comunicado, en 2009 se produjeron daños graves en seis sitios, emplazados en las regiones de Atacama y Coquimbo, en el desierto chileno, mientras que en la edición 2010 se dañaron 52 ubicaciones arqueológicas.

Los arqueólogos aseguran también la presencia de daños en 126 sitios patrimoniales el año pasado y que, tras varias evaluaciones, consideran que el Rally Dakar es "una actividad altamente dañina para el patrimonio arqueológico e histórico del país". No hay informes de la carrera de 2012.

Por último, el gremio hace un llamamiento al poder legislativo para que proteja el "patrimonio cultural chileno" y actúe "con sentido de Estado", después de la decepción producida por el judicial y ejecutivo.