La jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, anunció el lunes su intención de prolongar el funcionamiento de las centrales nucleares de la primera economía europea, abriendo un frente de batalla político que corre el riesgo de ser uno de los más difíciles de su mandato.

"Necesitamos nuclear y carbón como energía de transición. Sé que mucha gente es muy escéptica y crítica de la energía nuclear y tomo muy en serio esas preocupaciones", dijo el lunes Merkel.

La energía nuclear civil será utilizada "el tiempo que sea necesario" para "llegar a la era de las energías renovables", agregó.

Se necesitaron doce horas de negociaciones para que Merkel lograra que su gobierno de coalición conservadora-liberal se pusiera de acuerdo y pudiera cumplir una de las promesas electorales hechas a los industriales: postergar la fecha tope (2022) fijada para poner fin a la industria nuclear civil por sus predecesores verdes y socialdemócratas.

El gobierno alemán va a dar a los 17 reactores del país un plazo suplementario de doce años como media, es decir ocho años para los más antiguos, construidos antes de 1980, y 14 para los más recientes.

Con esos nuevos plazos, el reactor nuclear alemán más nuevo, el de Neckarwestheim 2 (suroeste), construido en 1988, cesaría de funcionar en 2040, según cálculos de la prensa.

El sector nuclear genera cerca de una cuarta parte de la energía que consume Alemania. Las energías renovables producen 15% y el resto proviene del carbón o los hidrocarburos.

La discusión fue laboriosa dentro del gobierno. El ministro de Economía, Rainer Brüderle, pedía unos 20 años de prolongación y el de Medio Ambiente, Norbert Röttgen, no quería ni oír hablar de más de ocho años.

Otro punto sensible de debate fue la aplicación de un impuesto a los operadores de centrales, que debía aportar 2.300 millones de euros por año.

Según el compromiso alcanzado, esa tasa será probablemente limitada a seis años, a pesar de que el ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, quería que fue fuese aplicada por tiempo ilimitado.

El impuesto no será la única concesión pedida a las cuatro mayores empresas energéticas de Alemania (EON, RWE, EnBW y Vattenfall), que además tendrán que invertir 15.000 millones de euros en las energías renovables.

Las empresas deberán destinar asimismo "sumas considerables" a la seguridad, afirmó el lunes Merkel, en una tentativa de tranquilizar a la opinión pública, mayoritariamente hostil a las centrales nucleares y traumatizada todavía por la catástrofe de Chernobyl, ocurrida en la ex Unión Soviética en 1986.

Las organizaciones ecologistas, más populares que nunca en el país, convocaron a manifestar en Berlín el 18 de septiembre.

Pero además de las protestas en las calles, Merkel tendrá que hacer frente a la oposición en el Parlamento y en los tribunales.

Su gobierno espera que el proyecto pueda evitar el paso por la Cámara Alta del Parlamento, la Bundesrat, que representa a los estados regionales, donde su coalición perdió la mayoría en mayo pasado.

Pero el Partido Socialdemócrata (SPD) y los Verdes ya anunciaron que recurrirán a la justicia, y muchos analistas estiman que el caso podría llegar hasta el Tribunal Constitucional, con un resultado incierto.

De su lado, EON, RWE, Vattenfall y EnBW saludaron en términos casi idénticos la decisión del gobierno, que "muestra claramente que aún necesitaremos durante mucho tiempo la energía nuclear", como dijo el presidente de EON, Johannes Teyssen.