Dos militantes de Greenpeace fueron condenados el lunes a un año de prisión condicional por haber hurtado una caja de carne de ballena a fin de denunciar el "tráfico ilegal" de ese producto, anunció la organización ecologista, que consideró el veredicto una amenaza a la libertad de expresión.

Los dos militantes, Junichi Sato y Toru Suzuki, hurtaron en abril de 2008 una caja de 23 kilos de carne de ballena, que entregaron a las autoridades japonesas, alegando que la mercancía estaba destinada a ser vendida clandestinamente.

"Aunque la pena decidida sea condicional, es completamente desproporcionada dado que ellos actuaron en nombre del interés general y no por lucro personal", denunció Greg McNevin, portavoz de Greenpeace.

Sato y Suzuki anunciaron que presentarán un recurso de apelación.

En el proceso, la fiscalía argumentó que ambos habían faltado a la ley y que parecían capaces de reincidir, ya que no mostraron que estuvieran arrepentidos.

La pesca comercial de la ballena está prohibida por la Comisión Ballenera Internacional (CBI), pero los japoneses matan anualmente cientos de cetáceos en nombre de la investigación científica, una práctica tolerada por la CBI.

Las autoridades japonesas no ocultan empero que la carne de las ballenas pescadas con el pretexto de la investigación se vende en el mercado en función de un procedimiento y con precios que ellas fijan.

La carne de ballena no es un alimento de consumo diario en el archipiélago, pero los japoneses defienden su derecho a pescarla en nombre de una tradición ancestral.

Greenpeace considera que la condena de sus dos militantes constituye una amenaza contra la libertad de expresión. "Tendrá un efecto disuasivo para los militantes que quieran denunciar" la actitud de Japón, estimó McNevin.

Los dos ecologistas explicaron que se habían enterado de un "trafico ilegal" realizado por un miembro de la tripulación de un barco de la flota ballenera que volvía de una de sus campañas en el Océano Antártico.

Después de "interceptar" la caja de carne de ballena, organizaron una conferencia de prensa para anunciar su descubrimiento y luego entregaron la "prueba del delito" a un fiscal de Tokio.

La investigación de la fiscalía sobre ese presunto tráfico fue cerrada sin consecuencias dos meses después, el mismo día que Sato y Suzuki fueron detenidos por robo en el marco de una espectacular operación de la policía.

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