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BID sugiere a El Salvador diversificar Asocios Público-Privados

El Salvador destaca en el ranking que evalúa el entorno regional para los Asocios Público-Privados (APP). Especialistas consideran que, además de proyectos de infraestructura, se debe considerar temas como el tratamiento de aguas.

En camino. El Salvador conocerá el próximo año las ofertas para su primer proyecto de APP, en la terminal de carga del aeropuerto Monseñor Romero.

El Salvador cuenta con una de las mejores leyes para asocios público-privados (APP) en América Latina y el Caribe, según el Infrascopio 2019, un índice que elabora The Economist Intelligence Unit a petición del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el informe se evalúa el entorno para el desarrollo de las APP en la región como, por ejemplo, el marco legal y regulatorio, el marco institucional, la madurez operacional y el clima de inversión y financiamiento.

En el informe de este año, El Salvador se ubicó en el sexto lugar con un puntaje de 73 sobre 100. Por delante del país están Guatemala, Jamaica, Perú, Colombia y Chile. Este último se ubica en el primer lugar del ranking.

El país lleva varios años preparando el terreno para financiar obras de infraestructura bajo este esquema; sin embargo, en el trayecto ha tenido que reformar dos veces la ley de APP que aprobó en 2011.

Hace unas semanas, se abrió la licitación del primer proyecto APP que El Salvador lanza al mercado: la modernización y operación de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

El actual portafolio de proyectos APP además incluye la iluminación y videovigilancia de 144 km en carreteras del área metropolitana, impulsada por FOMILENIO II; el corredor Pacífico-La Hachadura-Kilo 5; el nuevo centro de Gobierno; el tramo sur del corredor perimetral; y la modernización de los puestos fronterizos de El Poy, Anguiatú, La Hachadura y El Amatillo.

Esta cartera de proyectos debería diversificarse, en opinión de Daniel Vieitez, especialista sénior de Operaciones del BID. Vietez, quien disertó sobre los APP a finales de octubre en San Salvador, cree que el país debe de considerar la posibilidad de incluir en este esquema las plantas de tratamiento de aguas, hospitales, edificios públicos, aeropuertos y puertos. El especialista también sugirió aprovechar los recursos privados disponibles para inversión, en especial los de los fondos de pensiones, que superan los $11,000 millones.

"(La ley) se me hace un marco completo, que regula muy bien los procedimientos de autorización, de programación, presupuestación de los proyectos, queda claro quiénes intervienen. Es un elemento robusto que brinda certeza jurídica", comentó sobre el caso salvadoreño.

Resaltó que a la par de la ley, el país cuenta con personal capacitado en la materia y una metodología integral, la más completa de la región, para seleccionar los proyectos. Vieitez afirmó que la rentabilidad social de un APP es muy importante, así como si es financieramente viable.

"Las exigencias del mundo de hoy requieren mayores inversiones. La deficiencia de inversión puede ser atendida con capital privado. Las APP deben de ser un complemento que ayude al Estado y mejore la calidad de vida", dijo, por su parte, David Álvarez, especialista en servicios técnicos y en APP.

La inversión de El Salvador en infraestructura no supera el 3 % del PIB (entre fondos públicos y privados).

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