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Decretan cuarentena domiciliar obligatoria en El Salvador

El mandatario salvadoreño anunció, que para evitar una mayor propagación del COVID-19, la población deberá hacer una cuarentena domiciliar obligatoria. Asimismo, descartó que nuevos casos de personas contagiadas.

Foto: cortesía de Presidencia | @SecPrensaSV

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó que se realizaron 102 pruebas, las cuales resultaron negativas. 99 de ellas fueron casos que tuvieron contacto o estuvieron en países con altos niveles de personas contagiadas. Las tres pruebas restantes fueron de individuos que presentaron síntomas de COVID-19. 

“Esto es alentador. El país sigue con tres casos confirmados”, dijo el mandatario.

Bukele aseguró que las últimas tres personas han estado en aislamiento desde su llegada al país. Y las personas que viajaron con ellas se someterán a pruebas para descartar nuevos casos.

El hospital Saldaña y el de San Miguel están preparados para atender a los pacientes con el nuevo coronavirus, aseveró el mandatario. 

Entre las nuevas medidas que ha tomado el gobierno salvadoreño es una cuarentena domiciliar obligatoria por 30 días y quienes no cumplan con este mandato irán a centros de contención. 

¿Quiénes podrán circular?

Podrá salir una personas por familia para realizar compras de supermercado u otra necesidad; los empleados de los medios de comunicación, solo deben andar vigente su identificación; el personal de aduanas; Defensoría del Consumidor, para verificar que no se abuse el bolsillo de la población; SIGET; las empresas de telefonía; bancos, para mantener el flujo de efectivo; personal de farmacias; diputados, ya que recibirán propuestas por parte del Órgano Ejecutivo.

También podrán salir las personas con enfermedades crónicas. Las veterinarias seguirán abiertas. El personal que distribuye alimentos. Asimismo, el Gobierno dará la autorización para operar a las empresas que considere necesarias. 

Apoyo a familias en aislamiento

El presidente manifestó que todos los hogares que consumen abajo de 150 kilovatios, que es el 75% de la población, recibirán una transferencia de $300. Y el 25% que resta recibirá el salario, aunque no salga a trabajar. Este apoyo económico le costará al Estado unos $450 millones en un mes. 

En la conferencia estuvo presente el empresario Roberto Murray Meza, quien manifestó que la clave para atender esta emergencia es el aislamiento. “Cuanto más baja la curva de solicitudes de necesidades salud, más fácil se puede atender. Si dejamos que la curva se dispare, vamos a sufrir muchos problemas. Conscientes de eso, hemos estado trabajando con el presidente ofreciendo nuestra colaboración. Sabemos que se deben hacer sacrificios, y creo que son necesarios a perderlo todo. Se le ha dado mucho énfasis a la sostenibilidad de los más vulnerables. Se verá atendido el sector informal. Creemos que podemos colaborar en eso”, expresó el empresario.

El embajador de Estados Unidos en El Salvador asistió al anunció de las nuevas medidas. Y dijo que la "lucha mundial por el coronavirus es una lucha que podemos ganar, solo si estamos juntos. Quiero asegurarles que continuaremos apoyando al gobierno del presidente Bukele".

La Defensoría del Consumidor fijó los precios de la canasta básica, para evitar que los comercios aumenten los costos y no respeten el bolsillo de la población. 

La venta del frijol, maíz, arroz, leche en polvo y huevos, que son la mitad de la canasta básica de los salvadoreños en el área urbana y el 37 % en la zona rural estarán regulados. 

Como medidas previas, el mandatario salvadoreño ordenó el cierre del aeropuerto internacional de El Salvador durante 15 días. Además, los restaurantes han suspendido el servicio de mesa; solo está habilitada la opción a domicilio y para llevar. De igual forma, los centros comerciales no tienen autorización para recibir a la población.

Ayer, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Teletrabajo. Según los diputados, la dicha ley tiene como objetivo promover, armonizar, regular e implementar el teletrabajo como un instrumento para la generación de empleo y modernización de las instituciones públicas, privadas y autónomas.

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