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Detienen a cinco sospechosos más por el caso “cementazo” en Costa Rica

La Fiscalía de Costa Rica informó hoy del arresto de cinco personas más como sospechosas de participar en el supuesto caso de tráfico de influencias conocido como "el cementazo", que involucra a un empresario, la banca estatal y funcionarios de tres poderes del Estado. La fiscal general costarricense, Emilia Navas, declaró en una conferencia de prensa que son cinco los detenidos y uno más está siendo ubicado también para arrestarle, todos como sospechosos del delito de peculado (desvío de fondos públicos). Explicó que estas personas son sospechosas de otorgar al empresario importador de cemento Juan Carlos Bolaños un préstamo de cinco millones de dólares y un refinanciamiento por el mismo monto "en condiciones irregulares". Según Navas, los funcionarios bancarios no tomaron las medidas necesarias y no aplicaron una serie de requisitos crediticios para garantizar al banco el retorno del dinero. La Fiscalía General dirige hoy cuatro allanamientos en las casas de los sospechosos, así como en las oficinas del Banco Popular, en una agencia aduanera y en una oficina de un naviera con el fin de recopilar información sobre el crédito y la importación del cemento. En los allanamientos fueron arrestados cuatro funcionarios del Banco Popular de apellidos Gómez, Bogantes y Delgado y dos gerentes de la empresa SINOCEM, propiedad del empresario Bolaños, de apellidos Rojas y Cortés. Antes de hoy, las autoridades solo habían detenido al empresario Bolaños, quien es además contratista del Estado, y a seis funcionarios del estatal Banco de Costa Rica (BCR), por lo que es la primera vez que arresta a trabajadores de otro banco. Este caso se refiere al otorgamiento de préstamos, aparentemente en condiciones irregulares, por al menos 30 millones de dólares del BCR al empresario Bolaños para la compra e importación de cemento chino, a lo que ahora se suma el Banco Popular. El "cementazo" tiene que ver con una presunta red de tráfico de influencias que involucra a diputados, funcionarios judiciales, del Poder Ejecutivo y bancarios, para facilitar millonarios créditos al empresario Bolaños y flexibilizar los requisitos para la importación de cemento. El Gobierno ha defendido los cambios al reglamento de importación de cemento porque considera que son legales y que procuraban romper un duopolio privado existente en el país.

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