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El Constitucional español impide a Puigdemont ser investido a distancia

El Constitucional español impide a Puigdemont ser investido a distancia

El Constitucional español impide a Puigdemont ser investido a distancia

El Tribunal Constitucional (TC) español suspendió hoy por unanimidad la ley de presidencia catalana que permitía una eventual investidura a distancia del expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont, actualmente en Alemania tras huir de la Justicia española. "Ningún candidato a la Presidencia de la Generalitat (Gobierno regional catalán) puede ser investido si no está presente en el Parlamento defendiendo en su sede su programa investidura", recordó hoy el ministro portavoz del Ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo. El TC resolvió así el recurso presentando hoy mismo por el Gobierno español a ese efecto, aprobado horas antes en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, que contó con el aval del Consejo de Estado, un órgano consultivo no vinculante. La Constitución española indica que cuando el Gobierno del Estado recurre una determinada ley, puede invocar el artículo que conduce automáticamente a la suspensión provisional de la norma recurrida por un período prolongable de cinco meses. En este caso, la suspensión provisional va acompañada también de la advertencia al presidente del Parlamento regional catalán, el independentista Roger Torrent (ERC, republicanos de izquierdas), de que debe acatar la resolución o puede incurrir en desobediencia. EL TC realiza la misma advertencia a los miembros de la Mesa del Parlamento, su órgano de gobierno. La norma fue aprobada la semana pasada y haría posible el supuesto de una elección a distancia del independentista Puigdemont, que a finales de octubre huyó de España y es prófugo de la Justicia, que le quiere procesar por rebelión. Ahora Puigdemont está en Alemania, donde fue detenido y a la espera de que se resuelva la petición de extradición por parte de España. Un primer intento del líder secesionista de ser investido presidente, hace unos meses, ya fue parado por el TC, pero sus correligionarios quisieron después impulsar una ley regional para hacerlo posible. Con la suspensión de la ley, los partidos independentistas deben buscar un candidato alternativo, algo que harán antes del próximo 14 de mayo, indicó hoy la portavoz de Junts per Catalunya (JxCat, centroderecha), coalición electoral de Puigdemont, Elsa Artadi, aunque, según le consta, aún no está decidido quien. En cualquier caso deberán hacerlo antes del próximo 22 de mayo, fecha tope para elegir un nuevo presidente regional o en caso contrario convocar de nuevo elecciones. Los últimos comicios se celebraron el 21 de diciembre y fueron convocados por el Gobierno español tras hacer efectivo el artículo 155 de la Constitución, por el que asumía directamente las competencias ejercidas por la administración catalana. También hoy el Tribunal Supremo español rechazó los recursos presentados por Puigdemont y otros 22 investigados por el ilegal proceso independentistas de Cataluña, confirmando así sus procesamientos por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, según los casos. El juez Pablo Llarena reafirma en el auto que concurre el requisito de violencia en el delito de rebelión y que los datos de Hacienda coinciden con los indicios de malversación recogidos en su investigación. El juez del Tribunal Supremo procesó por rebelión a trece de los investigados, entre ellos a Puigdemont, al entonces vicepresidente del Gobierno regional catalán, Oriol Junqueras, y a siete miembros de su gabinete, así como a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell. Cuatro de ellos están huidos de la Justicia, entre ellos Puigdemont, y el resto está en prisión provisional. El delito de rebelión está penado con hasta 25 años en la legislación española. Los procesados, que rechazaron las acusaciones en sus recursos, tienen cinco días para recurrir esta decisión. Llarena afirma que en el caso hipotético de que no se acreditara la violencia, ello no conduciría al archivo de las actuaciones, ya que los hechos no excluyen la acusación por un delito de sedición ni tampoco de conspiración para la rebelión.

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