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El Salvador: 1,160 funcionarios sin presentar su declaración patrimonial

Por ley, están obligados a presentar sus declaraciones a más tardar 60 días después de que toman posesión de sus cargos. FUSADES insiste en una nueva ley que sea más agresiva en cuanto al manejo a la lucha contra el enriquecimiento ilícito.

Obligados. Los funcionarios públicos están obligados a presentar la declaración al inicio y al fin de sus funciones.

Obligados. Los funcionarios públicos están obligados a presentar la declaración al inicio y al fin de sus funciones.

Insolventes con la presentación de sus declaraciones patrimoniales ante la Sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están 1,160 funcionarios públicos.

La cifra del total de servidores públicos que han omitido cumplir con la obligación fue generada el 27 de enero del 2021 por la Sección de Probidad.

De acuerdo con los datos, la mayoría de funcionarios que no han cumplido con la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales están concentrados en instituciones que dependen del Órgano Ejecutivo, por ejemplo, 496 de los que están insolventes son empleados ministeriales.

Del total 119 pertenecen al Ministerio de Desarrollo Local, 12 al Ministerio de la Defensa Nacional, 127 al Ministerio de Salud, 1 al Ministerio de Agricultura y Ganadería, 69 al Ministerio de Relaciones Exteriores, 3 al Ministerio de Obras Públicas Y Transporte, 5 al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 17 del Ministerio de Economía, 73 del Ministerio de Hacienda, 67 del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y tres del Ministerio de Turismo.

En las instituciones autónomas también está concentrado un moderado número de empleados insolventes. Hay 82 en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), 23 trabajan en la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), 43 son empleados de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), 5 del Instituto Salvadoreño del Turismo (ISTU), 9 del Banco Central de Reserva (BCR), 15 del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), 44 son del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), 6 del Centro Nacional de Registros (CNR), 7 del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), 8 de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), entre otras instituciones.

Dentro del listado de funcionarios públicos que brindó la Sección de Probidad están cuatro que están en puestos de confianza del presidente Nayib Bukele: la ministra de Turismo, Morena Valdez, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, la embajadora Milena Mayorga y el ministro consejero Silvio Aquino.

Valdez y López aparecen en el listado en su calidad de integrantes del Consejo Salvadoreño del Café, Mayorga por su cargo que desempeña en Washington, Estados Unidos, y Aquino por su puesto diplomático en Europa.

La Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos establece en sus primeros artículos que los funcionarios "deberán rendir por escrito declaración jurada del estado de su patrimonio" dentro de un plazo de 60 días después de que toman posesión del cargo. La declaración pueden presentarla personalmente quien está obligado o a través de un apoderado.

Omitir la presentación de la declaración patrimonial es "un mecanismo que utilizan los funcionarios para intentar burlar la aplicación de la ley en contra del enriquecimiento ilícito vigente", consideró la investigadora de FUSADES, Lilliam Arrieta.

Insistió en la necesidad de que Corte Plena de la CSJ avale un anteproyecto de ley para sustituir la actual normativa, ya que esta data desde 1959. "Una nueva ley con dientes que dé a la Sección de Probidad y a la Corte Plena las atribuciones correspondientes es sumamente importante para contribuir a la lucha contra la corrupción desde la Sección de Probidad", dijo la investigadora.

Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos 

Art. 3

Dentro de los sesenta días siguientes a que tomen posesión de sus cargos, los funcionarios y empleados públicos que esta Ley determina, deberán rendir por escrito declaración jurada del estado de su patrimonio, ante la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sección de Probidad. También deberán declarar el estado de su patrimonio, en la forma indicada, dentro de los sesenta días siguientes a partir de la fecha en que cesen en el ejercicio de sus respectivos cargos. (...) Dichas declaraciones deberán ser presentadas personalmente por quien esté obligado, o debidamente autenticadas, o por medio de apoderado especialmente constituido. (...)

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