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El Salvador: CIDH no puede conocer denuncia de Bukele contra Sala y Asamblea

Presidente de CIDH dice que ningún tribunal internacional puede resolver diferencias entre Gobierno y Asamblea. Especialistas reiteran urgente llamado a diálogo entre órganos.

Pugna. El Gobierno salvadoreño anunció que elevaría hasta la CIDH una disputa que mantiene con la Asamblea y la Sala de lo Constitucional por la aprobación de leyes debido al nuevo coronavirus.

Pugna. El Gobierno salvadoreño anunció que elevaría hasta la CIDH una disputa que mantiene con la Asamblea y la Sala de lo Constitucional por la aprobación de leyes debido al nuevo coronavirus.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), dejó claro ayer que no le compete recibir ni estudiar la denuncia que anunció el Gobierno salvadoreño contra la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El presidente Nayib Bukele reveló en su última intervención en público, el miércoles por la noche, que está trabajando en una "denuncia" contra los otros dos poderes del Estado. Consideró que violaron los derechos humanos a la vida y salud de los salvadoreños al eliminar las declaratorias de emergencia nacional en medio de la pandemia de la covid-19.

Pero Joel Hernández, presidente de la CIDH, respondió ayer en una conferencia virtual: "La Comisión no tiene una competencia para resolver controversias entre dos o más órganos del Estado; de hecho, ningún organismo internacional, ningún tribunal internacional entraría a conocer esas controversias entre órganos del Estado".

Especialistas en leyes y derechos humanos coincidieron en la explicación de Hernández. Una de ellas es Leonor Arteaga Rubio, directora del programa de Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por siglas en inglés, con sede en Washington), quien ve como "desafortunada" la intención de Bukele.

"De ninguna manera (la CIDH) es un espacio para que los órganos dentro de un mismo Estado se denuncien unos a otros, jurídicamente no procede (…) ¿Por qué? Se entiende que los tres poderes del Estado son uno solo. Y el sistema no está pensado para dirimir controversias entre dos poderes del Estado. Para eso existen los mecanismos nacionales", aclaró.

Bajo esa lógica, el anuncio Bukele sería el equivalente a que el Estado salvadoreño se denuncia a sí mismo. Celia Medrano, directora de Programas de la organización Cristosal, agregó que el reglamento de la CIDH detalla que recibe denuncias de ciudadanos o sus representantes contra los estados miembros de la OEA por violaciones de derechos.

La única manera en que un estado puede interponer denuncias ante la CIDH es contra otros Estados, explicaron los abogados Enrique Anaya y Leonor Arteaga Rubio. "Las denuncias las pueden efectuar, ya sea directamente ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, como ONG e inclusive; lo puede hacer un Estado, pero cuando denuncia a otro Estado", recalcó Anaya.

El Gobierno mantiene un pulso con la Asamblea por lograr la aprobación de leyes que permitan restringir derechos para intentar frenar los contagios de la covid-19. A esta disputa se agregó la Sala de lo Constitucional el lunes anterior, cuando anuló un decreto de emergencia que dictó Bukele para intentar alargar por 30 días una ley que venció el sábado anterior.

Según Enrique Anaya, no hay instituciones internacionales que puedan resolver los actuales conflictos entre órganos de Estado en El Salvador, como explicó el presidente de la CIDH. Por eso, al igual que las demás especialistas, solicitó al Gobierno buscar el diálogo con la Asamblea Legislativa para rebajar la tensión en un momento de pandemia.

"Internacionalmente el presidente no tiene a dónde acudir. Además de eso, no hay necesidad de acudir a entidades internacionales para solucionar conflictos entre instituciones internas. Tenemos que ser los salvadoreños quienes tenemos que buscar la solución", expuso Anaya.

Las intenciones de Bukele por demandar a la CSJ y la Asamblea llegaron a oídos internacionales. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Wath (HRW), lo calificó como "disparate"; y Michael Camilleri, exfuncionario de la CIDH, aconsejó al presidente que "despida a sus abogados".

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