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El Salvador: Comisión especial valida informe de veeduría

La comisión especial de la Asamblea objetó el uso de fondos por la pandemia hecho por el gobierno, con el informe del comité de veeduría como prueba de irregularidades cometidas.

Comité. La comisión especial que ve manejo de fondos conoció a profundidad el informe del comité de veeduría.

Comité. La comisión especial que ve manejo de fondos conoció a profundidad el informe del comité de veeduría.

La comisión especial de la Asamblea Legislativa que ve el manejo de fondos obtenidos para la pandemia conoció ayer a profundidad el informe presentado por el comité de veeduría ciudadana, el cual reveló irregularidades en el manejo de los recursos por parte del órgano ejecutivo.

Las irregularidades que más destacaron los diputados de la comisión fueron las que le permitieron al gobierno de Nayib Bukele hacer uso de los fondos saltándose los controles de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

Esto fue así debido a que, según el comité, el órgano ejecutivo no cumplió con lo establecido en el Decreto Legislativo 608, que fue el que le autorizó a endeudarse por $2,000 millones. Este normó que debía crearse un presupuesto extraordinario con los recursos obtenidos y este sería manejado por el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (FERRE).

Esta junta directiva está conformada por cinco ministros (Salud, Hacienda, Economía, Obras Públicas y Turismo), y un coordinador nombrado por el presidente, según lo estipula el Decreto Legislativo 608. La disposición de esta fue aprobada por el propio Bukele cuando sancionó y publicó el decreto en el Diario Oficial.

Sin embargo, de acuerdo al informe de veeduría, Bukele no acató las normas que él mismo aprobó. Fue así que de $999.3 millones que tuvo a disposición, el GOES desvió $607.1 millones hacia el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), cuyas decisiones están centralizadas por los ministros de Hacienda y Gobernación, a cuyo uso no se le aplica la LACAP y cuyas transferencias entre instituciones se pueden hacer sin intervención de la Asamblea Legislativa.

Asimismo, el comité destacó que $107 millones tuvieron como destino un rubro que no tenía que ver con el manejo de la emergencia: estos fueron los fondos relacionados al pago de la contrapartida de FOMILENIO, y pagos a exveteranos y combatientes de guerra.

Además, el comité reveló en su informe que el Gobierno no generó un presupuesto extraordinario para tener mayor orden en el uso de los recursos, tal como lo estableció el Decreto 608, sino que canalizó todo a través del presupuesto ordinario de la nación para 2020.

Lo anterior fue posible ya que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, hizo una interpretación amplia del artículo 45 literal B de la Ley de Administración Financiera del Estado (Ley AFI), que, según él, le permite mover partidas dentro de una misma unidad administrativa sin pasar por la Asamblea Legislativa.

Empero, el comité objetó dicho interpretación al recordar que el presupuesto de Hacienda no solo sirve para el funcionamiento de la institución sino que incluye otros temas como pago de deuda, obligaciones generales del Estado y transferencias varias.

Ilegal

Todo lo anterior llevó a que los diputados objetaran el manejo de los recursos por parte del GOES. Si bien los miembros del comité hicieron énfasis en que su trabajo no implica juzgar o establecer cometimiento de delitos, los legisladores coincidieron en que sus informes pueden servir como guía para instituciones que sí tienen ese poder en el país.

El comité destacó, también, que los ministerios de Turismo, Agricultura y Salud no otorgaron información solicitada por el comité para sus informes.

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