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El Salvador: ¿Quiénes aún pueden ser juzgados por la Masacre de los Jesuitas?

La Sala de lo Constitucional impuesta dejó abiertas las posibilidades para que los militares acusados en el caso Jesuitas puedan ser procesados si la Sala de lo Penal decide reaperturar el proceso que fue cerrado en una controversial resolución en 2020.

Retratos.  Una mujer observa las fotos de los seis jesuitas asesinados en 1989  por el batallón Atlacatl, en las instalaciones de la UCA.

Retratos. Una mujer observa las fotos de los seis jesuitas asesinados en 1989 por el batallón Atlacatl, en las instalaciones de la UCA.

La orden de reabrir el caso de la Masacre de los Jesuitas emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el pasado lunes 5 de enero, deja la puerta abierta hacia las posibilidades de que los militares acusados puedan ser procesados en El Salvador.

En respuesta a la demanda de amparo presentado por el fiscal general Rodolfo Delgado, la Sala de lo Constitucional impuesta, le ordenó a la Sala de lo Penal "modificar" la resolución del 8 de septiembre de 2020, que cerraba el proceso penal de los Jesuitas que se llevaba a cabo en El Salvador.

Los acusados que podrían enfrentar la justicia en el país con la reapertura del caso son cuatro: Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo y Félix Alfredo Cristiani. Los primeros tres, y también Francisco Elena Fuentes, ya habían sido solicitados en extradición el 5 de enero de 2016 por España.

Todos estos militares fueron acusados desde el principio junto a Inocente Orlando Montano, René Emilio Ponce y Francisco Elena Fuentes. De ellos, Ponce y Elena Fuentes ya fallecieron, mientras que Orlando Montano ya fue condenado a 33 años de prisión en España.

Ahora las posibilidades se abren y es la Sala de lo Penal la que debe ordenar. "La Sala de lo Penal tendrá que decidir sobre los parámetros ya expuestos en la sentencia de amparo por parte de la Sala de lo Constitucional, que es lo mismo que hemos sostenido nosotros durante años. No pueden tomar una decisión sin considerar estos fundamentos", sostuvo Arnau Baulenas, Coordinador Jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca).

Explicó que no pueden volver a ser solicitados por la Audiencia Nacional española pues la solicitud de extradición fue una petición que las autoridades salvadoreñas de la Corte Suprema de Justicia rechazaron en su momento. "Al menos los que están aquí en El Salvador ya no pueden ser extraditados, pues ya hubo este proceso, y por tanto si ya existió esta resolución de fondo este es un proceso que quedó cerrado en el momento que la Corte negó la extradición", enfatizó.

Añadió que es la Sala de lo Penal la que puede decidir la reapertura del caso y que estas personas puedan ser procesadas en El Salvador. "Es importante recordar que la extradición se pide cuando hay un proceso abierto y este concluyó ante la Audiencia de Sentencia española con el tema de la sentencia de Montano, por tanto, en este caso ya no hay un proceso abierto en España", concluyó Baulenas.

Por su parte, Ovidio Mauricio, director ejecutivo de Tutela Legal, sostiene que sobre la extradición de los acusados en el caso, es el juzgado que conoce de este, el que debe iniciar el proceso de extradición: "Si no se hace la extradición de los imputados, pues no tendría objeto el proceso judicial", señaló.

El abogado defensor de Zepeda, Lisandro Quintanilla, sostuvo que, ante la posibilidad de que los acusados sean procesados en El Salvador, como bufete hicieron una discusión y lograron que en dos ocasiones se negara la extradición, asimismo, que no permitieron que se reabriera el proceso y que esta vez se concentrara en demostrar que las acusaciones son falsas.

"Ahora el caso se limita a la noche del 15 de noviembre bajo tres momentos –según la denuncia, el informe de la Comisión de la Verdad y el requerimiento fiscal–. Eso indica que hubo una reunión del Estado mayor con los 22 comandantes y fue situacional, vamos a demostrar que eso es falso. El segundo momento es que hubo otra reunión en la que se ordenó que se eliminara a Ellacuría sin dejar testigos. Tenemos toda la evidencia documental y testimonial que va a refutar eso. Y el tercero, es una reunión con 11 militares que, incluso con miembros de esos mismos oficiales, vamos a demostrar que eso es falso", argumentó.

Sobre la situación, el presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, expuso que con la sentencia que dieron como Sala de lo Constitucional, en la que ordenan reabrir el proceso, han terminado sus acciones.

"Anulamos la sentencia y le estamos ordenando que resuelva conforme a sus parámetros, nosotros en nuestra sentencia sostenemos que la resolución de la Cámara que impugnaron vía casación, no admitía casación y, por tanto, la resolución nunca debió ser de admisión".

Las posibilidades

"Invalídase la resolución del 8 de septiembre de 2020 emitida por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (…). Por lo que las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la emisión de dicha providencia", rezaba la orden de la Sala de lo Constitucional sobre la sentencia que cerró el caso de los Jesuitas en 2020.

En esa sentencia, los magistrados José Roberto Argueta Manzano y el magistrado suplente Juan Manuel Bolaños de la Sala de lo Penal ordenaron el cierre del proceso judicial y que no se investigara a los militares acusados porque el plazo de acuerdo con la ley ya había vencido. Esto pese a la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, del 13 de julio de 2016, que establecía que estos delitos eran imprescriptibles.

Posterior a esta resolución, se realizó el juicio de la Audiencia Nacional española en septiembre de 2020, en la que fue condenado el exviceministro de Seguridad Inocente Orlando Montano a 133 años de cárcel en España.

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