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El Salvador: periodismo sería criminalizado por difundir información sobre pandillas

Según los abogados consultados, con las reformas aprobadas se afectará el periodismo de investigación, y el derecho que la población tiene de estar informada.

Información. Desde 1776  se reconoce el derecho a informar. Este principio está reconocido en el sistema interamericano de ddhh.

Información. Desde 1776 se reconoce el derecho a informar. Este principio está reconocido en el sistema interamericano de ddhh.

Luego que la Asamblea Legislativa aprobara las reformas al artículo 345-C del Código Penal y al artículo 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, relacionados a la publicación de contenido que "haga alusión a maras o pandillas", abogados especialistas en el área penal realizaron un análisis técnico de dichas reformas para definir su alcance en la práctica.

Los juristas consultados por LA PRENSA GRÁFICA coincidieron en que los periodistas ahora corren peligro de ser apresados por "publicar contenido relacionado a asociaciones criminales terroristas o las pandillas".

Para Jonathan Cisco, abogado del área de anticorrupción y justicia de Cristosal, las reformas aprobadas afectarán el periodismo de investigación y también violará el derecho de la población salvadoreña de estar informada.

 “A partir de la reforma se ha profundizado el discurso de que los periodistas estamos defendiendo a las pandillas, lo cual no es cierto.  Lo único que hemos pedido es que se respete el estado de derecho, que se cumpla la ley y que la sociedad funcione de acuerdo a la ley”.

Serafín Valencia, relator para la libertad de expresión de la APES.

"Las reformas legales criminalizan el ejercicio periodístico que de buena fe informa sobre hechos que suceden en la realidad. Con la reforma se está violando tanto el derecho de la población a estar informada, como el derecho al ejercicio libre del periodismo. Especialmente se afecta al periodismo de investigación", aseveró.

Destacó que dicha reforma al Código Penal y la Ley de Proscripción es muy amplia y ambigua. "Esta prohibición va destinada de forma especial al periodismo de investigación y podría tener como objetivo evitar que los medios de comunicación informen sobre un posible pacto entre el Gobierno y grupos delincuenciales, denominados como maras o pandillas", aseguró el abogado de Cristosal.

La abogada penalista Marcela Galeas dijo que lo peligroso de esta reforma está precisamente en el segundo párrafo del artículo 345-C del Código Penal y que cita: "En igual sanción incurrirán quienes, por medio del uso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales, reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico a la población en general". Para Galeas, aunque este texto es confuso y amplio, sí es claro en criminalizar el trabajo de los periodistas.

"En el inciso dos ya se viene a criminalizar parte del trabajo periodístico que es informar. Esto no tiene nada que ver con la actividad delictiva de las pandillas, sino con el ejercicio de la prensa en sí. ¿Cómo delimitar eso? Aquí cualquiera puede denunciar a un medio, a un periodista, y la PNC puede actuar bajo esta situación", señaló la especialista.

También se refirió a que dicho artículo, en el inciso primero, cita "quienes reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados", pero no es claro es determinar a qué tipos de mensajes se refieren, ni se refiere a una forma de publicación determinada, "sino que está redactado de una manera que se puede prestar a la confusión y una confusión que viene en detrimento de los derechos de los periodistas a informar", aseveró.

Desproporcional

También dijo que las penas son "desproprocionales", ya que los medios de comunicación, cuya facultad es informar a la gente, no son creadores ni han originado gráficas de las pandillas, ni han promovido el uso de las mismas, así que no pueden ser castigados con la misma severidad que un miembro pertenecientes a una estructura pandilleril. "Están diciendo que es la misma sanción que se les va aplicar, que es de 10 a 15 años. Únicamente por informar a la población", destacó.

Jonathan Cisco de Cristosal, aseguró que la Sala de lo Constitucional ya sentó precedente en un tema similar.

"La exceptio veritatis es una causa de exclusión de la responsabilidad penal que opera cuando una persona ejerce el periodismo, en la sentencia de inconstitucionalidad referencia 91-2007", indicó.

La misma establece que la "verdad no puede considerarse delito", y que la única manera de criminalizar al periodismo sería cuando "hay ánimo de injuria o ánimo de apología".

En ascenso

Según registros de la APES, las vulneraciones contra los periodistas han ido en ascenso desde 2019, cuando se registraron 77 denuncias. En 2020 hubo 125 y en 2021 la cifra fue la más alta, con 220 casos. En los primeros tres meses de 2022 la institución tiene registros de 30 ataques, la mayoría de ellos por funcionarios o instituciones del gobierno.

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