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Fuerte rechazo a acuerdo con sindicatos sacude al Gobierno en Costa Rica

Fuerte rechazo a acuerdo con sindicatos sacude al Gobierno en Costa Rica

Fuerte rechazo a acuerdo con sindicatos sacude al Gobierno en Costa Rica

Un fuerte rechazo del sector empresarial, de la oposición, de medios de comunicación e incluso a lo interno del gabinete a un polémico acuerdo firmado con los sindicatos del sector salud para que depusieran una huelga, está generando una sacudida al Gobierno de Carlos Alvarado en Costa Rica.

Tras ocho días de huelga la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), con apoyo del Gobierno, firmó el pasado lunes un acuerdo con los sindicatos del sector salud para que pusieran fin al movimiento que causó afectación al 50 % de las cirugías, al 38 % de las consultas médicas, entre otras áreas.

Sindicatos del sector salud ponen fin a huelga de una semana en Costa Rica

Los sindicatos exigían que al ser la CCSS una entidad autónoma no debe estar sujeta a la reforma tributaria aprobada en diciembre pasado que reduce y modifica pluses salariales a los trabajadores públicos, y que tampoco debe ser incluida en una regla fiscal que pone tope a los presupuestos del sector público.

La Sala Constitucional se pronunció en junio pasado y en su fallo estableció que la CCSS no puede ser sujeta a la regla fiscal por la naturaleza de sus funciones y las servicios que presta.

En febrero pasado la CCSS y los sindicatos acordaron que los pluses no serían modificados, pero en julio el Gobierno emitió un decreto en el que incluye a todos los trabajadores públicos en la reforma fiscal, lo que motivó la huelga sindical.

La reforma establece que los pluses ya no se calcularán de manera porcentual al salario, si no que se pagarán de forma nominal, con el fin de frenar el crecimiento constante de estos.

En el acuerdo firmado el lunes con la venia del ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y del ministro de Trabajo, Steven Núñez, para poner fin a la huelga, establece que la diferencia será llevada a la vía judicial, y mientras hay un fallo los pluses se seguirán pagando de forma porcentual.

Expertos en la materia afirman que un proceso de este tipo puede llegar a tardar años.

Esto es lo que ha causado la indignación del sector empresarial, de la oposición política, de medios de comunicación e incluso de la misma ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.

"Estoy en total desacuerdo con lo llevado adelante en la Caja", declaró Aguilar en un foro sobre la actualidad económica del país.

Aguilar ha sido la pieza clave del Gobierno para la tramitación e implementación de la polémica reforma fiscal, que fue apoyada por el sector empresarial y la oposición política a cambio de que se pusiera freno al crecimiento del gasto público.

"El acuerdo de fin de la huelga es ilegal e inaceptable. Prácticamente están secuestrando a la Caja en las narices de todos. Pero sobre todo, la huelga, que hasta víctimas fatales tuvo, es premiada con este inaceptable acuerdo", manifestó el presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff.

La Cámara de Exportadores (Cadexco) calificó el acuerdo con los sindicatos como "una terrible concesión a exigencias insostenibles".

"Es una bofetada a la confianza que el sector productivo le endosó a este gobierno y a la disposición de aceptar nuevos impuestos bajo el compromiso de ejecutar por parte de la Administración Pública, medidas de contención del gasto público", expresó Cadexco. 

La Cámara de Comercio tildó como "vergonzoso e inaceptable" el acuerdo con los sindicatos porque considera que "desdice el compromiso del Gobierno para lograr rescatar el desequilibrio fiscal que enfrenta Costa Rica".

La oposición política ha criticado duramente al Gobierno de Alvarado y ya ha solicitado a la Contraloría General de la República que investigue la negociación, que declare ilegal el acuerdo suscrito porque contraviene la reforma tributaria y además que explore posibles responsabilidades penales de los funcionarios que firmaron.

Mientras tanto, el Gobierno asegura que no se han otorgado nuevos pluses a los trabajadores de la CCSS y que serán los tribunales los que deben definir si es legal modificar esos beneficios.

Otro punto del acuerdo que ha generado malestar en diversos sectores es que las autoridades se comprometieron a no tomar acciones contra los trabajadores que estuvieron en huelga.

Durante los ocho días de huelga los sindicatos afirmaron que uno de los motivos principales era luchar contra la privatización de la CCSS.
Sin embargo, no existen proyectos de ley ni planes de privatización, y en el acuerdo tampoco hay algún punto específico al respecto. 

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