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Actualidad

Gobierno de El Salvador pide refuerzo de $30 millones para combate a pandillas

Los fondos serán destinados para adquirir más equipamiento y armamento para la Policía y el Ejército.
 

Foto: @DefensaSV

El Gabinete de Seguridad de El Salvador llegó a la Asamblea Legislativa para presentar una serie de nueve reformas de ley que permitirán fortalecer el combate a las estructuras de pandillas que en los últimos días incrementaron el número de asesinatos en el país.

Una de estas disposiciones consistirá en modificaciones por $30 millones al Presupuesto General de la Nación de 2022 para financiar el equipamiento y armamento de la Policía Nacional Civil.

Además, explicó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se usará para financiar armamento y equipo de la Fuerza Armada y la creación de un fondo de recompensas que será dirigido por el Ministerio de Seguridad para investigar y perseguir el delito.
“Vamos a disponer de todos los recursos que sean necesarios para tener éxito en esta operación y sé que vamos a contar con su voluntad para hacer realidad este programa”, manifestó Zelaya.

Por su parte, el Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que las reformas contemplan que “el hecho de pertenecer” a una pandilla “será catalogado como delito y será castigado con una pena ejemplar”. 

Estas iniciativas fueron recibidas por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro y pasarán al pleno de la Asamblea para ser aprobadas con dispensa de trámite, sin mayores discusiones este día.

El pasado fin de semana, El Salvador vivió un repunte en el número de homicidios provocados por las pandillas. Solamente el sábado 26 se registraron al menos 62 muertos, la mayoría con armas de fuego, en todo el país. Esta es la mayor cantidad de muertes violentas que se tengan registradas en un solo día en más de 20 años (el récord de 57 databa de agosto de 2015).

A raíz de esta situación, el presidente de la República, Nayib Bukele, pidió a la Asamblea que se decretara el estado de excepción por 30 días y se limitara las garantías constitucionales de libertad de reunión, derecho a la presunción de inocencia y detenciones policiales hasta por 15 días.

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