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Gobierno de El Salvador pone aviso en Fiscalía por irregularidades en by pass de La Libertad

Este martes fue presentado en la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso por posible corrupción en el segmento tres del tramo tres del proyecto de construcción del by pass de La Libertad ejecutado por una empresa salvadoreña-colombiana, anunció el ministro de Obras Públicas Romeo Herrera.

Foto: Cortesía

Indicó que la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha emitido seis reparos sobre el tercer tramo del proyecto.

Para el tercer segmento se contrató a la empresa CONCRESCOL-Eben Ezer y la supervisora Roberto Salazar y Asociados, por un monto de $17.3 millones y un plazo de construcción de 360 días.

Los reparos de la Corte de Cuentas son por uso inadecuado del anticipo y pagos extemporáneos. Además, se descubrió que los adminitradores y técnicos del proyecto emitieron once informes al MOP solicitando que se caducara el contrato por irregularidades.

Foto de LA PRENSA/Franklin Zelaya, archivo

Entre los que solicitaron esto se encuentra la empresa colombiana asociada a la salvadoreña. Sin embargo, las anteriores autoridades no atendieron la petición. “Se hizo caso omiso”, aseguró Herrera.

El ministro indicó que la empresa tenía seis meses para elaborar el diseño de la obra y tardaron un año; además, se canceló un anticipo de $5 millones para iniciar la obra sin que el diseño estuviese aprobado.

Con parte de ese dinero se compraron equipos y maquinaria que “no tenían nada que ver con la obra”, agregó, por lo que se enviaron más informes para que se caducara el contrato, pero no se hizo. También, “hay títulos falsos de ingenieros en el proyecto”, aseguró el ministro.

Herrera dijo que al descubrir todo lo que sucedía alrededor del proyecto del by pass fue cancelado el contrato con la empresa. El viernes pasado fue resuelta la caducidad.

“Hoy vamos a ir a la Fiscalía para presentar pruebas sobre el proyecto, vamos a presentar un aviso, cerca de diez cajas con documentos”, aseveró.

Mientras, la obra se mantiene “estancada” hasta que se realice una nueva licitación.

Por otra parte, anunció que ya enviaron un documento a la afianzadora de la empresa para reclamar la devolución de los $5 millones de anticipo.

El by pass junto con la ampliación de la carretera al puerto de La Libertad son financiados por un convenio de préstamo suscrito en 2015 por los gobiernos de El Salvador y México canalizados a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Herrera dijo que el BCIE “no está contento” por los indicios de corrupción en cuestión.

Dijo que en el interior del MOP también se han realizado auditorías y se descubrió que en el área de Mantenimiento se compraron refrigeradoras, microondas, televisores y otros bienes “que nunca entraban en el Ministerio”.

“Lejos de transparencia, ha habido tratos oscuros… se habla de que a los proyectos les ponían sobreprecio para sacar dinero”, agregó Herrera.

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