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Gobierno de El Salvador propone prohibir despidos por cuarentena

La propuesta además dice que las empresas que no estén operando deben seguir pagando el salario en su totalidad.

El Gobierno propuso una reforma de ley de protección al empleo de los trabajadores de aquellas empresas que, por las medidas de contingencia del COVID-19, hayan cesado sus operaciones. Estos no podrían ser despedidos y tendrían que seguir devengando su salario íntegro. La iniciativa generó rechazo en la empresa privada que argumenta que afectaría a la pequeña empresa y que sería una forma del Estado de evadir el pago de incapacidades.

La propuesta, firmada por el ministro de Gobernación, Mario Durán, dice que el personal de las empresas que "no tengan permitido la continuación de sus actividades" deberá ser enviado a casa con goce de sueldo y prestaciones, además, que no podrán ser objeto de despido, descuentos de salario o suspensión de contrato, tampoco obligados a tomar sus vacaciones por adelantado. La empresa que realice estas prácticas tendría que pagar una multa de $57 por cada violación y cumplir la norma.

La iniciativa se propone reformar el decreto legislativo 593, que ya establece que los trabajadores en cuarentena tienen que devengar su salario completo, pero que el pago le corresponde al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ya que se estableció que las cuarentenas por la pandemia de COVID-19 tienen que ser tratadas como incapacidades. Ayer la Asamblea Legislativa aprobó una interpretación auténtica de dicho decreto.

Si se aprueba la propuesta del Gobierno esos pagos le corresponderían a las empresas directamente y no al ISSS.

Para la Asociación Nacional de la Empresas Privada (ANEP) el Gobierno estaría evadiendo esa responsabilidad. "El Gobierno pretende cambiar el Art. 5 del Decreto Legislativo 593, para evadir su responsabilidad del pago de subsidios por incapacidad a todos los trabajadores en cuarentena", escribió la gremial en redes sociales y tildó la propuesta de populista e irresponsable.

La Cámara de Comercio e Industria (CAMARASAL) señaló que la medida es "contraproducente" y "restrictiva", e indicó que "cerrar empresas, o amenazar con hacerlo, es el peor mensaje que el Estado puede enviar en estos momentos de prueba".

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