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Gobierno de Guatemala defiende su accionar en violento desalojo a indígenas

Prensa Comunitaria aseguró que algunas personas "se escondieron en la montaña por miedo a las fuerzas de seguridad" y otras más "piden la solidaridad y acompañamiento de la sociedad, pues perdieron todas sus pertenencias y no cuentan con un lugar para resguardarse".

Foto: archivo

El Gobierno de Guatemala aseguró este miércoles que "se siguieron los protocolos" al defender su accionar en un violento desalojo a pobladores indígenas de una finca al noreste del país, que terminó con las casas de los expulsados quemadas en un hecho aún sin esclarecer.

"En el desalojo de personas que ocupaban ilegalmente la finca se siguieron los protocolos de observancia de los derechos humanos y se respetaron en todo momento sus garantías esenciales", de acuerdo al secretario de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala, Kevin López Oliva, en declaraciones divulgadas a la prensa.

Diversos medios de comunicación denunciaron las violentas condiciones del desalojo y la quema de casas de 96 familias de la etnia qeqchi asentadas en la finca, denominada Chabiland, frente a una plantación de palma africana, en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, unos 280 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala.

Un vídeo del medio local Prensa Comunitaria mostró cómo ardían algunas de las casas de madera con techo de lámina aún cuando había presencia estatal, principalmente vehículos de la Policía Nacional Civil y agentes uniformados en los alrededores.

López Oliva, al contrario, lamentó la “manipulación mediática” propiciada por "algunos sectores de prensa" que atribuyen al Gobierno responsabilidad en el presunto desalojo violento de la finca ordenado por un juez y el incendio de las viviendas de la comunidad indígena.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) consideró, por su parte, que "hubo ranchos que se incendiaron, por lo cual se recomendó a la comisaría de la Policía Nacional Civil que su personal no realizara acciones de esa naturaleza, pero indicaron que no eran ellos, que los ranchos tenían fuego y material inflamable".

La PDH agregó que, según la Policía, previo a iniciar el desalojo "se promovió el diálogo, sin embargo, los pobladores no quisieron salir voluntariamente, ambos extremos no pudieron ser verificados por el personal de la PDH en Izabal".

El desalojo estuvo a cargo de la Policía Nacional Civil y fue documentado por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación (PGN), y el Ministerio Público, las cuales, "desvirtúan los señalamientos contra el Gobierno", enfatizó el portavoz de la Presidencia.

Prensa Comunitaria aseguró que algunas personas "se escondieron en la montaña por miedo a las fuerzas de seguridad" y otras más "piden la solidaridad y acompañamiento de la sociedad, pues perdieron todas sus pertenencias y no cuentan con un lugar para resguardarse".

El desalojo fue realizado en un contexto de tensión en el municipio de El Estor, donde el Gobierno decretó un estado de sitio el pasado 24 de octubre, por las manifestaciones recientes de indígenas qeqchi en contra de una mina de níquel a la que señalan de operar ilegalmente y de causar contaminación en el lago de Izabal, el más grande del país. 

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