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Gremiales aducen falta de transparencia del gobierno salvadoreño ante renuncias en comité supervisor de fondos

Secretario jurídico de la Presidencia reiteró que salida es para no declarar patrimonio. Gremiales internacionales apoyan a ANEP.

Gremiales aducen falta de transparencia del gobierno salvadoreño ante renuncias en comité supervisor de fondos

Gremiales aducen falta de transparencia del gobierno salvadoreño ante renuncias en comité supervisor de fondos

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Cámara Salvadoreña de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) y la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) adujeron que la falta de transparencia de parte del Gobierno fue uno de los principales motivos que los llevó a renunciar de manera irrevocable a ser parte del comité fiscalizador de los fondos de la emergencia por el covid-19.

Representantes de las tres instituciones, así como la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) renunciaron el pasado lunes por medio de una carta en la que exponen, entre otros puntos, la falta de "un informe oficial de las gestiones realizadas y su estatus", así como, que "además se han venido aprobando decretos para el manejo de la cuarentena que riñen con la Constitución y los derechos humanos, habiéndose mostrado el incumplimiento a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional".

La ANEP, por medio de un comunicado de prensa, aseguró que, luego de juramentado el comité de fiscalizador de fondos, el gobierno sometió a la Asamblea Legislativa a reformas al Decreto Legislativo 608 "con el propósito de designar destinos específicos a los fondos autorizados, dejando sin efecto el propósito de supervisión del comité".

Además, la gremial argumentó que el gobierno, unilateral, anticipadamente y sin supervisión alguna, dispuso de fondos que debía haber sido fiscalizados antes por el comité.

"Dicha actuación sin mecanismos de supervisión y auditoría comprometieron la responsabilidad de nuestros representantes", expresó la asociación en el comunicado, en el que también dijeron que "a la fecha no se cuenta con un informe oficial de fondos utilizados, ni los criterios de distribución de las transferencias monetarias a las familias, ni de las gestiones de fondos realizadas, ni de un presupuesto extraordinario, como requiere el decreto 608".

Por su parte, Andreu Oliva, rector de la UCA, señaló que la decisión de retirarse del comité fue tomada el 24 de abril luego de algunas "faltas de lealtad y éticas" de la parte gubernamental en el comité y manifestó que "en la forma en la que el Gobierno está atendiendo la pandemia está afectando los derechos humanos de la ciudadanía, además de no estar respetando las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Participar en el comité haría parecer que estamos avalando esto".

Luego, Omar Serrano, vicerrector de la universidad y representante de la UCA en el comité, desvirtuó el argumento hecho por el Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, así como por el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, quienes han manifestado que la razón de la salida es porque debían presentar una declaración de Probidad, algo que Serrano dijo que nunca se estableció ni se mencionó en ninguna de las 10 reuniones sostenidas como comité.

"El argumento que el Gobierno dio de que no quisimos ser sujetos a declaración patrimonial significa que no tiene argumentos. Además, me imagino que los funcionarios que lo han dicho lo hacen con la solvencia moral de que ya presentaron su declaración patrimonial", dijo.

Mientras tanto, Jorge Hasbún, presidente de CAMARASAL, también adujo que la falta de transparencia del Gobierno motivó la salida de la gremial. "El Gobierno aprobó fondos que no fueron acordados en comité. Los integrantes del comité no recibían información completa y detallada del uso de fondos. No había un plan de trabajo", dijo.

También se refirió a las palabras de Castro y las calificó como una cortina al expresar que "entendemos que muchos funcionarios (del Gobierno) no han presentado informes de Probidad, pero nosotros como instituciones no tenemos ningún problema de presentar nuestras declaraciones. Ese argumento es una cortina muy desafortunada".

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