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Guatemaltecos piden a Nancy Pelosi una intervención para proteger la democracia

Un grupo de excancilleres, empresarios, académicos, exfiscales, abogados y políticos guatemaltecos pidió a la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, por su "intervención más decidida" para contener a los grupos criminales y proteger la democracia del país centroamericano.
 

La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo
 

En una carta divulgada este martes por la prensa local, el grupo, entre los que destaca el exvicepresidente Rafael Espada (2008-2012) y el científico y fundador de la millonaria aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo, Luis Von Ahn, solicitó el apoyo de Pelosi, el Departamento de Estado y otras agencias de dicho país para "coordinar acciones encaminadas a recuperar la política bipartidista hacia Guatemala y Centroamérica".

Según los 24 firmantes, la emergencia provocada por la covid-19, que ha dejado 46.451 casos positivos y ocasionado 1.782 decesos en Guatemala, podría ser utilizada "para consolidar un Estado criminal en una región geopolítica estratégica", principalmente debido al "riesgo de captura total de las más altas Cortes de Justicia en los próximos meses".

Estos grupos criminales que atentan contra la democracia del país "forman parte de poderosas organizaciones ilícitas transnacionales", sugirieron los firmantes.

"El avance de los grupos corruptos y mafiosos -camuflados en instituciones- pone en riesgo la democracia guatemalteca y, además, convierte a nuestro país en fuente de inseguridad para sus vecinos México, El Salvador y Honduras y, por su puesto, Estados Unidos", subrayó la carta.

Los guatemaltecos que suscribieron la misiva a Pelosi señalaron que la probable "consolidación de un Estado mafioso y corrupto en el norte de Centroamérica reforzará los factores de expulsión migratoria irregular en los próximos años".

EXPANSIÓN DE GRUPOS CRIMINALES

La salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en septiembre de 2019 tras once años de actividad conjunta con el Ministerio Público (Fiscalía), debido a la negativa del expresidente Jimmy Morales (2016-2020) de renovar su mandato, permitió a "grupos criminales recuperar el dominio de las Cortes del Organismo Judicial", así como del Congreso y "la complacencia del Gobierno de Alejandro Giammattei", enfatizaron.

Esta alianza que pone en riesgo la democracia cuenta con la participación de "un grupo de empresarios radical y muy poderoso, que dicen librar una 'lucha contra el comunismo'", esgrimieron los guatemaltecos.

La CICIG imputó a más de 250 funcionarios, presidentes y expresidentes, ministros y empresarios en más de una docena de casos de corrupción durante los últimos cinco años, por desfalcar al Estado por más de 500 millones de dólares, de acuerdo a registros judiciales.

En la carta, el grupo recordó que "recientemente, la directiva del Congreso -presidido por Allan Rodríguez, diputado del partido oficial Vamos- ha provocado una crisis del orden constitucional al desafiar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad", el más alto tribunal del país centroamericano.

Además de Espada y Von Ahn, la carta fue firmada por la exfiscal general Claudia Paz y Paz, el exmagistrado del Constitucional Jorge Mario García Laguardia, la exmagistrada Claudia Escobar y por los excancilleres Alfonso Cabrera, Ariel Rivera, Fernando Carrera, Edgar Gutiérrez y Gabriel Orellana.

También rubricaron el empresario y exministro de Finanzas Peter Lamport, las exministras de Cultura Anaisabel Prera y Otilia Lux de Cotí, los expresidentes del Constitucional Rodolfo Rorhmoser y Mauro Chacón, las exvicecancilleres Anamaría Dieguez y Luis Alberto Padilla, el exembajador Francisco Villagrán y el abogado de derechos humanos Frank Larue.

Finalmente, se adhirieron la autora y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid Marta Elene Casaús Arzú, la antropóloga Alejandra Colom, el cineasta Jayro Bustamante y los empresarios Carlos Porras González y Estuardo Porras Zadik.

El acoso político los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se profundizó en el tramo final del mandato de Jimmy Morales, el año pasado, como parte de su cruzada en contra de la lucha anticorrupción protagonizada por la CICIG.

Esta presión, sin embargo, continuó hace unas semanas cuando la Corte Suprema de Justicia, inferior en rango, dio trámite a una denuncia y solicitud de antejuicio (proceso de desafuero para retirar la inmunidad) a cuatro de los cinco magistrados titulares constitucionales, por haber detenido la elección de 250 jueces del Supremo y de las Salas y Cortes de Apelaciones debido a irregularidades en la misma.

La denuncia, sin embargo, fue rechazada por la Corte de Constitucionalidad ante un pedido legal interpuesto por el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, la Fundación Myrna Mack y el Procurador de los Derechos Humanos, cancelando así la persecución en su contra.

La elección de los 240 jueces, incluidos 13 magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia, es clave para la lucha anticorrupción durante los próximos cinco años, según expertos.

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