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La infraestructura vial de Guatemala al desnudo

La preocupación sobre el estado actual de nuestras carreteras es una responsabilidad compartida también entre el Estado y la sociedad, por cuanto debemos ser conscientes de la importancia de rescatar las carreteras, lo cual involucra costos para la intervención de la red.  

Foto ilustrativa/ archivo

Recientemente, hemos sido testigos de las catástrofes provocadas por las lluvias que han azotado el territorio nacional en Guatemala. Este fenómeno climático ha puesto de manifiesto, de nueva cuenta, la carencia de una infraestructura vial que se adecúe a las características geotécnicas y climáticas del país mostrando la vulnerabilidad de la red de carreteras del país. Adicionalmente, estos acontecimientos desnudan la carencia de políticas públicas diseñadas para prevenir y mitigar los impactos de las lluvias que anualmente azotan el territorio nacional.

De conformidad con los datos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala, la red vial tiene una extensión de alrededor de 17 mil kilómetros, cifra que se encuentra por debajo de la mitad de la extensión requerida para satisfacer las demandas de la población así como para impulsar el desarrollo económico y social de sus habitantes. Para lograr esto último, sería necesario invertir en la construcción de 20 mil kilómetros adicionales que permitan mejorar la conectividad de las zonas, lo cual permitiría la reducción de costos de transporte de personas y productos, incentivando el desarrollo del país.

No obstante, a la carencia de esta conectividad vial debe sumarse los problemas que se van generando por la falta de conservación de la red ya existente, por lo que las dificultades para mejorar el desplazamiento de personas y el transporte de carga así como la seguridad de los usuarios de las carreteras del país no son menores. Cabe indicar que de los 17 mil kilómetros de longitud de carretera ya construidos, el 42.6% corresponde a carreteras principales asfaltadas, el 1.4% corresponde a carreteras pavimentadas, el 29.8% son caminos de terracería, mientras que el 26.2% restantes son caminos rurales. Si bien el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda se ha comprometido a asignar recursos para, en un período de tres años, mejorar las carreteras del país a través del Plan de Recuperación de la Red Vial contenido en el Acuerdo Ministerial 847–2020, el mismo atenderá los tramos más críticos de la red existente para devolverle a estos sus condiciones de transitabilidad, de manera que el resto de la red quedaría sin atender.

La falta de conservación de las carreteras es un problema que arrastra inconvenientes adicionales como mayor número de accidentes de tránsito (algunos con saldos mortales), la consecuente pérdida del patrimonio vial del país, el acelerado deterioro de los vehículos, el incremento en los costos de transporte de mercancías y de personas y, por tanto, de la producción de bienes y servicios, entre otros. Por lo tanto, la preocupación sobre el estado actual de nuestras carreteras es una responsabilidad compartida también entre el Estado y la sociedad, por cuanto debemos ser conscientes de la importancia de rescatar las carreteras, lo cual involucra costos para la intervención de la red.

Aunque la falta de recursos podría considerarse un motivo que ha evitado la construcción de nuevas carreteras o la puesta en marcha de operaciones de mantenimiento a la red vial ya existente, los señalamientos sobre manejos anómalos y acciones de corrupción por parte de quienes han dirigido la cartera a cargo ha sido una constante a lo largo de los últimos años. Aunado a ello, la carencia de una política de creación y conservación de la red vial que esté dirigida a lograr objetivos definidos que garanticen el adecuado funcionamiento de la red hace aún más complicada la reducción del déficit en la infraestructura vial.

Por ello, es importante que el gobierno en turno pueda implementar una política que establezca objetivos concretos y pautas claras que contemplen la participación de un equipo multidisciplinario en el que académicos, técnicos y políticos aporten su experiencia en beneficio del país. Ya el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales hizo un aporte al presentar el costo de mejorar la infraestructura económica y social de los países de Centroamérica, en general, para avanzar hacia el alcance de las metas contenidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por lo pronto, las socavaciones que han surgido como consecuencia de las lluvias recientes deben ser atendidas de inmediato. Para ello, reitero la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios que evalúen de forma técnica y precisa las características geotécnicas de cada socavación pero también se permitan determinar opciones financieras coherentes con las mejores soluciones para cada caso. De esa cuenta, las autoridades y el personal a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda deben dejar de lado los negocios personales para permitir que las soluciones más viables a nivel técnico y financiero tengan lugar.

En un escenario tan complejo, es conveniente que las autoridades de gobierno no dilaten la solución y entreguen la responsabilidad de financiar la política pública a la sociedad. El servicio público de infraestructura debe ser atendido de inmediato con soluciones que permitan minimizar los riesgos a los que están expuestas las carreteras como consecuencia de fenómenos naturales difíciles de prever pero que son recurrentes en nuestro país, por lo que contar con planes de prevención y contención debiera ser imperativo para el Estado guatemalteco.
 

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