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Masiva huelga en Costa Rica en rechazo a proyecto de ajuste fiscal

Masiva huelga en Costa Rica en rechazo a proyecto de ajuste fiscal

Masiva huelga en Costa Rica en rechazo a proyecto de ajuste fiscal

Los principales sindicatos de Costa Rica llevaban adelante hoy una huelga nacional en rechazo a un proyecto de ajuste impositivo que discute la Asamblea Legislativa y que busca atraer recursos para enfrentar un grave déficit fiscal que arrastra el país centroamericano desde hace más de una década. La paralización de labores afectóáel servicio de tren, que moviliza a diario a unas 16.000 personas, importantes hospitales y centros de salud, escuelas de primera y segunda enseñanza y universidades, y otros servicios, según reportes de la prensa local. "Vamos a una huelga nacional en contra de un combo fiscal que no afecta al capital, sino el bolsillo de los trabajadores", dijo el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), que dirige el movimiento junto a otros gremios. Los sindicatos, algunos de los cuales tuvieron cercanía con el actual Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, un centrista, convocaron a la huelga a escasas dos semanas de que asuma el poder el presidente electo en la segunda ronda el 1 de abril, Carlos Alvarado, quien fue apoyado por el oficialista Partido Acción Ciudadana. Alvarado, quien respaldó el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ha llamado a la mesura a las fuerzas sindicales, e incluso dialogó con sus dirigentes, pero no logró que éstos revocaran la convocatoria a huelga. Tanto la ANEP, como el Bloque de Unidad Sindidal Costarricense (Buusco) anticiparon hace dos semanas que si el proyecto de ley no es retirado del Parlamentoárealizarán paros escalonados en los próximos días. El nuevo Parlamento electo en los comicios del 4 de febrero se instala el 1 de mayo y el traspaso de poderes será el 8 de mayo. Los dos bloques sindicales organizaban una marcha para hoy antes del mediodía que se desplazará por el centro de la capital y terminará frente al Parlamento. El Gobierno argumenta que el "combo fiscal", como le llaman los sindicatos, es urgente para paliar un déficit en las finanzas públicas, que en 2018 superó un 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) y que según el Banco Central podría llegar hasta un 8 por ciento en 2019 si no se adoptan medidas de contención. Una comisión especial de la Asamblea Legislativa ya aprobó un proyecto que contempla transformar el impuesto a las ventas en uno al valor agregado (IVA) a los bienes y servicios. Ambos son del 13 por ciento, pero con el IVA se ampliarían los rubros gravables, como servicios de educación y de medicina privada y compras por internet, entre otros, e inclusoáalgunos artículos de la canasta básica. Sin embargo, debe ser debatido y avalado definitivamente ya sea por la actual legislatura oápor el nuevo cuerpo, que se renovará en mayo cuando asuman los 57 diputados electos en los comicios de febrero. La iniciativa pretende además fijar en 2,54 por ciento las anualidades (beneficios por años de servicio) a los empleados públicos, y que sean calificados como "buenos" funcionarios. En la actualidad hay diferentes rangos en el pago de anualidades, que en algunas instituciones autónomas es de hasta 5 o 7 por ciento. El proyecto busca asimismoáeliminar las exoneraciones a las ganancias de las organizaciones cooperativas y de las Asociaciones Solidaristas (organizaciones que operan mediante acuerdos entre patronos y trabajadores para evitar diferendos laborales) y que tienen gran auge en el país.

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