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Mayoría del G20 no tiene leyes fuertes contra sociedades opacas, según el TI

Mayoría del G20 no tiene leyes fuertes contra sociedades opacas, según el TI

Mayoría del G20 no tiene leyes fuertes contra sociedades opacas, según el TI

Once de los veinte miembros del G20, entre ellos Estados Unidos, China, la India y Rusia, no tienen un marco legal "fuerte" contra las sociedades opacas, engranajes habituales en los mecanismos de corrupción, según un informe publicado hoy por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI). El documento "G20: líderes o retrasados? Revisando las promesas para acabar con las compañías opacas" percibe no obstante "progresos", aunque "lentos" en los últimos dos años, principalmente por las reformas legales introducidas en Alemania, Francia e Italia para cumplir con sus obligaciones europeas. Si en 2015, un año después de la adopción por parte del G20 de unos principios para combatir este tipo de sociedades, quince países tenían una legislación "débil" o "media" en este ámbito, ahora son once los que están en esa situación. En el extremo contrario se encuentran Francia, Italia y el Reino Unido con un marco legal "muy fuerte", una categoría en la que TI incluye también a España, al que evalúa como país "invitado" en el G20. El segundo bloque, el de las legislaciones "fuertes", incluye a Argentina, Brasil, Alemania, Japón y México, así como a Noruega y Suiza (otros dos países "invitados"). En el tercer grupo, el de los marcos legales "medios", se encuentran la mayoría de miembros del G20, un bloque de economías industrializadas y países emergentes: Australia, China, la India, Indonesia, Rusia, Arabia Saudí, Suráfrica, Turquía y Estados Unidos, así como Holanda, el cuarto país "invitado". En el bloque con legislaciones "débiles" se sitúan Canadá y Corea del Sur, mientras que ninguno de los miembros del G20 se clasifica dentro del grupo con un marco legal "muy débil". "Francia, Alemania e Italia han visto mejoras notables desde 2015. Sus puntuaciones han mejorado, debido principalmente a la adopción de registros centrales de propiedad empresarial para cumplir con la implementación de la cuarta Directiva de la UE contra el Blanqueo de Dinero", explica el texto. Su progreso sólo es equiparable al de Brasil, indica TI, que considera que el gigante latinoamericano ha saltado dos categorías y ha visto "grandes cambios legales" en los últimos dos años al seguir las recomendaciones de la Estrategia Nacional contra la Corrupción y el Blanqueo de Dinero. "Parece que los grandes cambios se originan por presiones regionales o nacionales, lo que sugiere que pertenecer al G20 no es per se un motor de cambio. Esto nos lleva a preguntarnos si el G20 lidera desde atrás... si en absoluto lidera", valora TI, un referente global en la lucha contra la corrupción. A su juicio, el G20 ha sido una de las principales "voces" en la comunidad internacional en denunciar los problemas de corrupción ligados a las sociedades opacas, aunque avanza "despacio" en la lucha contra "el abuso de entidades legales" registradas o implantadas en sus propios territorios. El documento de TI destaca también que la mayoría de países del G20 "sigue sin saber quién posee y controla empresas en sus territorios" y no tiene información actualizada de ellas. Además, critica los débiles mecanismos de verificación de la información empresarial en la mayoría de países estudiados, lo que "socava la capacidad de las autoridades competentes para investigar los casos sospechosos, y la capacidad de los bancos y negocios" de cumplir con sus obligaciones. TI advierte también de que "la retórica" de los gobiernos "no siempre se traduce en acción" y de la escasa colaboración de algunos abogados, contables, fiduciarios, agentes inmobiliarios y empresas de servicios. La ONG recomienda la introducción de registros centrales de propiedad societaria y dotar convenientemente a las agencias que combaten la corrupción. También propone que los gobiernos "consideren prohibir" la figura del testaferro o que obliguen a estas personas interpuestas a declarar su condición, y que registren a todos los fideicomisos operando en sus territorios, así como a los individuos que se ocultan tras ellos.

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