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OCDE revisará avances de Costa Rica en manejo de empresas estatales y competencia

Entre los compromisos que el país asumió están promulgar legislación para remover al ministro de Agricultura de la directiva del CNP y dotar a Coprocom de suficientes recursos

Foto: archivo

Costa Rica tiene importantes tareas que cumplir este y el próximo año para mejorar la gestión de las empresas estatales y apoyar la competencia en los mercados, de acuerdo con los compromisos adquiridos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Así se desprenden la Hoja de ruta de compromisos de Costa Rica como miembro de la OCDE, que publicó el Ministerio de Comercio Exterior en su página web, el 16 de setiembre pasado.

El documento tiene como objetivos servir de guía para el trabajo en esta nueva etapa, dar a conocer al público los compromisos adquiridos, así como detallar cuáles son los mecanismos de seguimiento a los cuales estará sujeto el país en cada una de las áreas en que fue evaluado durante el proceso de adhesión.

El país concluyó, el 25 de mayo del 2021, su proceso de adhesión a esta entidad, en la cual sus 38 países miembros buscan alcanzar las mejores prácticas en diferentes temas.

Esta organización define estándares para lograr las mejores prácticas y los países miembros proponen medidas para alcanzarlos. Cuando un país quiere ingresar a la Organización debe hacer esfuerzos por acercarse a dichos estándares y una vez dentro debe continuarlos para conseguirlos, según explicó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

La Organización tiene comités en los cuales participan las autoridades gubernamentales de los países miembros, los cuales analizan los avances en los compromisos de cada país. Costa Rica trabajó con 22 grupos en su proceso de adhesión y una vez dentro continúa laborando con 19 de ellos en temas que debe mejorar.

El ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, explicó que el documento sirve de guía a las instituciones responsables, pero también para compartir a la academia, al sector privado y a la sociedad civil en general.

Según esta herramienta hay seis comités donde el país tendrá evaluaciones transitorias posteriores a la adhesión porque debe hacer un mayor esfuerzo para alcanzar los estándares. Estos son: químicos, competencia, gobierno corporativo de empresas del Estado, pesca, ambiente y gobernanza pública.

Adicionalmente, Costa Rica deberá presentar reportes regulares de avance en mercados financieros, inversión, ciencia y tecnología, asuntos fiscales, salud, política educativa, empleo, trabajo y asuntos sociales; política regulatoria, política de consumidor, seguros y pensiones privadas, y estadísticas.

Esto además de las dos comisiones que hacen evaluaciones periódicas permanentes que incluyen cohecho (cuando las compañías ofrecen, prometen o entregan una dádiva a un funcionario público extranjero para obtener ventajas) y análisis económico y de desarrollo.

Compromisos próximos en empresas estatales
Dos de los temas donde el país debe mostrar progresos entre este y el próximo año son en mejoras en la forma en la cual trabajan las empresas estatales y la competencia en los mercados, y para ello hay compromisos concretos.

En empresas estatales el documento detalla que el país presentará, en diciembre del 2021, un informe del progreso sobre la implementación de siete recomendaciones prioritarias identificadas por el Comité de Gobierno Corporativo, el cual será discutido en la reunión de marzo de 2022 por el Grupo de Trabajo sobre Propiedad Estatal de la OCDE.

Entre esas recomendaciones prioritarias se encuentran: la aplicación de las Normas Internacional de Información Financiera (NIIF) como el estándar de informes para las empresas propiedad del Estado (el ICE, por ejemplo, las adoptó en el 2020); desarrollar e implementar un sistema para establecer y monitorear el logro de objetivos de desempeño financieros y no financieros y promulgar legislación para remover al ministro de Agricultura de la junta directiva que supervisa a la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) con el fin de darle más autonomía a la empresa.

Sobre este último aspecto, el documento de la hoja de ruta detalla que el Gobierno presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que removería al ministro de Agricultura de la junta directiva del Consejo Nacional de Producción, el organismo matriz cuya junta directiva actualmente toma decisiones en nombre de su subsidiaria, Fanal.

También, el gobierno ha anunciado su intención de reestructurar o privatizar estas entidades, pero si decide retener Fanal debe establecer una junta directiva separada para ella.

Otras recomendaciones en este tema son: hacer reformas en la contratación pública para supervisar y limitar el uso de excepciones para la contratación pública directa entre entidades públicas, implementar iniciativas para fortalecer el funcionamiento de las juntas directivas (por ejemplo, miembros con experiencia) y revisar la remuneración de las juntas directivas de las empresas estatales y desarrollar recomendaciones para apoyar la remuneración competitiva y que los incentivos estén alineados con las buenas prácticas para juntas directivas.

Ricardo Monge, presidente de la Academia de Centroamérica, comentó que este tema es importante porque Costa Rica cuenta con muchas empresas e instituciones estatales, cuyo desempeño impacta de manera significativa la productividad agregada.

“Debemos evitar que por una mala gobernanza (gobierno corporativo) estas empresas estatales se conviertan en empresas zombis. Es decir, aquellas que tienen un bajo nivel de rentabilidad y cuya única manera de sobrevivir es refinanciando su deuda cuantas veces sea necesario, incluso si esta operación resulta más perjudicial que la propia disolución de las mismas empresas.”, comentó Monge.

Competencia impacta precios

En el tema de competencia, el país debe presentar informes de avance anuales, en los que deberá reportar sobre la implementación y efectividad de la Ley 9736, Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica. Esta materia es importante porque tiene impacto sobre los consumidores.

En el estudio económico de la OCDE del 2020, el organismo indicó que la competencia débil en varios mercados tiende a traducirse en precios de bienes relativamente altos para los consumidores, así como de los insumos para las empresas.

“Esto ha llevado a una categorización general de Costa Rica como un país caro, donde una canasta básica de bienes y servicios cuesta significativamente más que en los países vecinos”, indicó el organismo.

En nuestro país la autoridad en el tema de competencia es la Coprocom (Comisión para Promover la Competencia), la cual tiene como una de sus funciones prevenir los monopolios (un solo vendedor) o prácticas de concentración de mercado.

“Varios estudios han mostrado que Costa Rica es una economía muy cara debido básicamente a la falta de competencia en sectores como arroz, azúcar, otro productos agrícolas y varios servicios (energía eléctrica, combustibles, banca, etc). Así, la promoción real de la competencia es una tarea urgente para avanzar en la reducción del costo de vida en el país y para ello es fundamental reforzar la Coprocom”, aseveró Monge.

Según los compromisos adquiridos con la OCDE, 12 meses a partir de la adhesión del país (mayo del 2022), se debe otorgar suficientes recursos a las autoridades de competencia, incluyendo el nombramiento de comisionados a tiempo completo, independientes y expertos, la contratación de una cantidad suficiente de personal con conocimiento adecuado y las herramientas digitales que requiera.

Esta Comisión tiene desde diciembre del 2020 nuevos comisionados a tiempo completo y con dedicación exclusiva.

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