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Parlamento panameño anuló, sin leer, contrato Puerto PSA

Parlamento panameño anuló, sin leer, contrato Puerto PSA

Parlamento panameño anuló, sin leer, contrato Puerto PSA

La negligencia de los diputados panameños, que sin leer aprobaron una ley, anuló un contrato por 800 millones de dólares que Singapur hace en el puerto de PSA, en la entrada por el Pacífico al Canal de Panamá. El jueves pasado el diputado opositor Roberto Ayala, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), con la diligencia del secretario general del parlamento y copartidario, Frank Weber; logró agregar a un proyecto sobre venta de licor propuesto por su correligionario Iván Picota, la anulación del millonario contrato. Los parlamentarios ni se tomaron la molestia en leerlo, según reconocieron varios luego de la sesión, ni preguntar que significaba, cuando se trataba de la derogación del contrato-ley por 800 millones de dólares para la ampliación del puerto de PSA Panama International Terminal S.A., de Singapur, en la entrada por el Pacífico al canal interoceánico y en actual ejecución. Según su promotor, lo motivó "los mejores intereses de nuestra patria" porque, a su juicio, la concesión portuaria puede violar la Constitución panameña dado que PSA es propiedad del Ministerio de Finanzas de Singapur, lo que pisotea el principio de soberanía. La Carta Magna dice que ninguna porción del territorio panameño puede estar en control de un Estado extranjero, excepto las embajadas. Pero Ayala parece que olvidó que los vecinos de PSA, el puerto de Balboa, y el puerto de Cristóbal, en la desembocadura al Atlántico del Canal de Panamá, son concesiones dadas hace más de 20 años a Hutchinson Whampoa, un conglomerado chino que se ha expandido por el mundo envuelto en una figura corporativa, pero del Estado comunista. Tendría que también homologarle la anulación. Y ese es el kit del asunto, según coincidieron en declaraciones a TVN Media el diputado oficialista José Antonio Domínguez, y su colega opositor Iván Picota, es Hutchinson, más conocido como Panama Ports en este país, quien estaría detrás de la anulación del contrato de PSA "porque no quiere competencia". Ellos también cuestionaron a la empresa china porque, aunque no tienen pruebas, no dudan que usaron su influencia y dinero para pagar una campaña y demandas ante la Corte Suprema, para que no prospere -por ahora- el proyecto de la Autoridad del Canal de Panamá de construir un nuevo puerto en Corozal, más al norte de Balboa. Cierto o no, es un secreto a voces que Panama Ports ha invertido "millones", según Domínguez, en campañas en Panamá que no tienen nada que ver con su negocio, que es mover contenedores desde sus puertos, para el comercio internacional. El propio presidente panameño, Juan Carlos Varela, salió al paso de la maniobra y aseguró a periodistas este lunes que "tenga la seguridad que en donde reciba esa ley voy a vetarla porque eso es otra irresponsabilidad" y que "debemos investigar como país quién está detrás de que los diputados actúen en esa forma irregular". La cúpula de la empresa privada, el propio PRD y la misma presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel brego, del opositor partido Cambio Democrático, han rechazado la anulación del contrato con PSA por atentar contra la seguridad jurídica. No obstante, el Parlamento, cuando informó el jueves pasado la aprobación por unanimidad en tercer y último debate el proyecto de Ley 53, que busca "terminar con la proliferación de negocios que se dedican a la venta de licor o al entretenimiento en zonas urbanas, perjudicando el derecho al descanso de los residentes", no dijo que el "camarón" incluido era la anulación del contrato con PSA. No es una novedad, sino un nuevo capítulo de la cultura del "juega vivo" que campea históricamente en la Asamblea Nacional, que casi ha acostumbrado a los panameños a colar los llamados "camarones" en leyes que hablan de un asunto, con la finalidad de favorecer intereses particulares de otros y que no tienen nada que ver. En el anterior gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), del que Varela fue vicepresidente, se intentó hacer lo mismo, pero la versión fue bautizada "la ley chorizo" porque incluía todo tipo de artículos enmendando diferentes normas, como la explotación minera en territorios sagrados indígenas. Esa intención se saldó con decenas de muertos y heridos, además de un centenar de afectados en la vista por la represión policial, especialmente en la provincia caribeña de Bocas del Toro, y al final tuvo que anularse.

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