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Presidente salvadoreño desobedece a la Sala e insiste en exigir PCR negativo a viajeros

La reacción de Bukele iría en desobediencia de la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional, del artículo 5 de la Constitución que establece que no puede prohibirse la entrada al territorio a ningún salvadoreño ni negársele pasaporte ni documentos de identificación y contrario al decreto 661 que la canciller Alexandra Hill dijo que ya es ley y obliga al MINSAL a realizar la prueba, en lugar de exigirla previamente.

Bukele desobedece a Sala e insiste en exigir PCR negativo a viajeros, evadiendo responsabilidad del Ministerio de Salud de hacer la prueba. Foto: cortesía/CEPA

Bukele desobedece a Sala e insiste en exigir PCR negativo a viajeros, evadiendo responsabilidad del Ministerio de Salud de hacer la prueba. Foto: cortesía/CEPA

El presidente Nayib Bukele reiteró el miércoles en la noche la exigencia de una prueba PCR negativa de covid-19 para todo el que quiera ingresar a El Salvador, incluyendo los connacionales, contrario a la medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que advirtió que en la medida se viola el derecho de los salvadoreños de retornar a su nación.

"Todas las aerolíneas que deseen aterrizar en nuestro aeropuerto, tendrán que exigirle a todos sus pasajeros una prueba PCR negativa de covid-19, tomada, como máximo, 72 horas antes del viaje. De lo contrario, nos veremos obligados a volver a cerrar el aeropuerto", tuiteó.

La resolución de la Sala no exime a los salvadoreños que llegan de someterse a una prueba PCR, sino que quita dicho documento como requisito para arribar; por lo que el Ministerio de Salud (MINSAL) tendría que realizarles el examen a su llegada, tal como lo obliga la Ley Especial de Emergencia, atención de la Salud y reapertura de la economía contenida en el decreto legislativo número 661 que Bukele catalogó de inconstitucional pero tuvo que avalar por una orden de la Sala de lo Constitucional emitida hace casi un mes.

Al pedir un PCR previo, el Gobierno intenta evadir esa responsabilidad. Según lo tuiteado anoche por Bukele, las opciones son continuar exigiendo el PCR como requisito o cerrar el aeropuerto. No contempla cumplir con la realización de pruebas de parte del MINSAL. 

El ministro de Salud Francisco Alabi se pronunció este jueves al respecto y tampoco habló de la obligación que tiene la cartera que dirige de hacer pruebas de coronavirus a los viajantes, al contrario, dijo que lo que estaría "fuera de la naturaleza del ministerio" es "no exigir el PCR". Esta semana argumentó que pondrían en las fronteras terrestres pruebas de covid-19 para quienes no la tengan pero que el número de estas era "limitado".

El miércoles, la canciller Alexandra Hill aseguró que el decreto 661 ya es ley de la República pero mintió al decir que esta permitía al Gobierno exigir una prueba PCR para que los salvadoreños ingresaren a su territorio. 

Si es cierto que dicha ley está vigente significaría que Bukele ya acató la resolución de la Sala de publicarla en el Diario Oficial; sin embargo, se desconoce en qué fecha pues el último documento publicado en el portal web data del 10 de septiembre y hasta entonces no había sido incluida.

La semana pasada, el Gobierno advirtió que quienes no traigan un PCR negativo no podrán entrar al país. Con dicha medida estarían violentando por segunda ocasión la Constitución de El Salvador que establece en el artículo cinco que "no se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República, ni negársele pasaporte para su regreso u otros documentos de identificación".  La primera vez ocurrió al principio de la emergencia por la pandemia cuando Bukele ordenó no dejar entrar a nadie más que a solo el transporte de carga, aunque luego lo negó y dijo que nunca impidieron el retorno de salvadoreños.

También estaría violentando el decreto 661 que le mandata "hacer la prueba de covid-19 de conformidad a los protocolos dictados por el Ministerio de Salud" a los salvadoreños que retornen y violentaría la medida cautelar de la Sala emitida el miércoles. Los tres son de obligatorio cumplimiento.

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