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Salvadoreños aún huyen por la violencia

De 2016 a 2020, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos contabilizó 643 casos de desplazamiento forzado interno. La mayoría de las víctimas fue blanco de las pandillas por no pagar extorsión o rehusarse a entregar a sus hijas.

Desplazamiento. Durante los meses de enero a marzo de este año hubo 24 casos, según la PDDH.

Desplazamiento. Durante los meses de enero a marzo de este año hubo 24 casos, según la PDDH.

Durante los últimos cinco años se han registrado en El Salvador 643 desplazamientos forzados que afectaron a 1,666 personas, según datos proporcionados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que desde 2016 comenzó a llevar un registro de Desplazamiento Forzado Interno (DFI).

La PDDH fue la primera institución estatal en reconocer el fenómeno públicamente en 2015 y desde entonces brinda atención a las víctimas. Su Departamento de Atención a la Persona Desplazada y Persona Migrante se encarga de proporcionar además de la asistencia, alimentación, gestionar servicios de salud, atención psicológica e informar a las autoridades sobre los casos.

Beatriz Campos, procuradora adjunta de esta área, explicó cómo es el proceso de los personas en condición de desplazamiento en El Salvador y en qué situación terminan cuando huyen de sus hogares. Dijo que a pesar de la ayuda que brinda la institución, las víctimas solo reciben atención a corto plazo al facilitarles albergues mientras buscan un lugar donde irse a vivir.

"A veces no tienen soluciones a largo plazo, solo a corto plazo donde se facilitan albergues, pero las soluciones duraderas que necesitan no. Creo que el Estado está corto todavía en eso", aseguró.

Según las estadísticas facilitadas por la PDDH, en los cinco años en que han dado seguimiento a casos fue 2020 donde hubo menos desplazamientos forzados, con 83. Esto porque la mayoría de la gente pasó encerrada por las restricciones decretadas por el gobierno para controlar la pandemia del covid-19. Pero a pesar del encierro, el dominio del territorio siempre estuvo a cargo de las pandillas.

Durante ese año fueron desplazadas 218 víctimas que conformaban las 83 familias que sí denunciaron.

De todos los casos que atendió la PDDH en 2020, se dio acompañamiento jurídico y atención psicológica a cerca de 100 personas. Ya durante este año 2021, de enero a marzo, han ocurrido 24 casos de desplazamiento forzado interno.

Cristosal, una organización privada que brinda atención y ayuda a familias en esa situación, reportó muchas más víctimas. De enero a junio han contabilizado cerca de 200 personas que se desplazaron desde su lugar de origen.

De acuerdo con publicaciones e investigaciones realizadas por LA PRENSA GRÁFICA, en este año han habido tres grandes desplazamientos en el país. Uno fue registrado en Suchitoto, Cuscatlán, donde cerca de cinco familias huyeron. Mientras que en San Salvador se registraron los otros dos movimientos. Uno fue en Panchimalco, que registró más de 15 familias forzadas a desplazarse. Días después, el éxodo le tocó a habitantes del municipio de Mejicanos.

Todos estos casos presentaron un factor común: las pandillas los obligaron a marcharse, y esa es la principal razón del desplazamiento forzado interno.

Para Beatriz Campos, quien ha llevado de cerca el fenómeno, el 90 % de los casos son ocasionados por las pandillas del lugar donde viven las personas afectadas. Pero hay otro dato curioso y es que el otro 10 % correspondería a la Policía Nacional Civil (PNC). "La PNC, en algún momento, ha provocado desplazamiento forzado. Ambas cosas son graves, pero en este caso es el Estado el que debe proteger y no es así", informó.

Campos aseguró que es el acoso policial ejercido en comunidades de alto riesgo, el que provoca los desplazamientos. "La policía lo que hace es provocar acoso policial, acá hay una criminalización de la juventud y la mayoría de personas acosadas por la policía son jóvenes. Son los mismos que coinciden con ejecuciones extralegales o desapariciones de hombres jóvenes y desapariciones forzadas", aseguró.

Plan control territorial

A pesar de que el Gobierno actual asegura que el Plan Control Territorial (PCT) es un éxito, las pandillas siguen dominando en sus comunidades y colonias. Así lo aseguró Rina Montti, directora de Monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal.

Según su análisis, decir que el PCT ha evitado que las personas huyan de sus hogares es falso, ya que nadie conoce el plan ni cómo opera.

"No podemos conocer cuáles son los indicadores para medir su éxito o su fracaso. Pese al éxito que señala el Gobierno, el desplazamiento interno no se ha paralizado, sigue habiendo casos por violencia generalizada y esto señala que el plan no es tan exitoso como se está mencionando", indicó.

LA PRENSA GRÁFICA consultó a un analista en seguridad que atiende casos de desplazamiento y sostuvo que, según su conocimiento de más de 15 años en desplazamiento interno, el PCT solo ha logrado ingresar en un 20 % o 30 % a las comunidades del país. El resto del porcentaje aún es propiedad de la pandilla.

"El PCT ha tenido la particularidad de llegar a un 20-30% de comunidades infectadas por pandillas. Esto es porque tiene un equipo de fuerzas combinadas de policías y soldados. Pero el PCT solo es la presencia disuasiva de tres soldados y un policía en un radio de cinco kilómetros, alguna incidencia tiene pero no es suficiente", aseguró el analista, quien pidió que no se publicara su nombre porque eso podría afectar su trabajo en el territorio.

Enfatizó que aunque haya combate a las pandillas, estas estructuras aún siguen siendo poderosas por su "impresionante administración".

Para Beatriz Campos, el Plan Control Territorial tiene un enfoque represivo y sigue siendo igual a los planes anteriores que identifica como un "manodurísimo de antaño".

"En la práctica, aunque ellos traten que el plan tenga otros componentes, como la prevención o protección a víctimas, este siempre ha sido un enfoque represivo. Hacer operativos es momentáneo. ¿Pero cuando se van, qué pasa? La pandilla sigue dominando los territorios y controla todo", aseguró.

Aunque la Procuraduría comenzó a contabilizar los casos desde 2016, el fenómeno del éxodo salvadoreño data desde 2004, según el especialista quien ha conocido unos 50 casos de desplazamiento que incluyen a unas 500 víctimas.

Según él, entre los factores que determinan a quién echar de la zona están la no "colaboración" con las extorsiones, porque les gustó una hija de la familia y la quieren para ellos o porque tienen a un familiar desaparecido o asesinado y andan denunciando y buscándolo.

El experto asegura que las pandillas tienen un censo avanzado sobre quienes viven en cada lugar que controlan. "El éxodo es un fenómeno de décadas y ha sido implementado según las necesidades de la pandilla. El palabrero necesita vivir en una buena casa y lo que hacen es elegir la mejor casa del censo y comenzar a presionar o rentear para provocar el éxodo de la persona que han elegido", aseguró.

Él formó parte de una investigación de un medio internacional donde comprobó que las pandillas manejan miles de millones de dólares y los lavan con negocios.

Según su modus operandi, las pandillas cuando quieren obtener casas de ciertas personas de la colonia o comunidad, las amenazan para que se vayan y luego hacen contratos o compraventas para venderlas o alquilarlas. Otra forma de ingresos son los préstamos a los lugareños.

Dijo que todas las personas que viven dentro de una comunidad son sujetas al impuesto del gobierno de la pandilla. "Cuando identifican a la familia, se hace una clase de tribunal muy corto con los miembros más importantes. Ahí toman la decisión con el miembro de mayor rango y luego proceden a pedir la casa y amenazar a la familia", aseguró.

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