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Sin espacios cívicos, no puede haber apertura presupuestaria

Abrir a la participación de la ciudadanía los procesos de formulación, discusión y aprobación de los presupuestos sin duda es una de las prácticas democráticas más avanzadas a las que puede aspirar una sociedad. 

Reconocer el vínculo fundamental entre respeto y protección a los espacios cívicos, las herramientas de transparencia fiscal, y las iniciativas de participación ciudadana en el gobierno, y muy especialmente en las de presupuesto abierto, es la esperanza para recuperar su credibilidad y efectividad. | Foto ilustrativa/ archivo

Sin garantías ni respeto a los espacios cívicos, los ejercicios de presupuesto abierto realizados por los gobiernos devienen ilegítimos, degeneran en lavados de cara abiertos.

Abrir a la participación de la ciudadanía los procesos de formulación, discusión y aprobación de los presupuestos sin duda es una de las prácticas democráticas más avanzadas a las que puede aspirar una sociedad. Constituye una demostración de madurez y desarrollo político sobre el ejercicio del poder, entender lo conveniente que resulta incluir a la ciudadanía en las decisiones sobre el uso y administración de los recursos financieros públicos. Es reconocer que esos recursos son de la ciudadanía, porque es la que los genera a través de la tributación.

Claro, esto exige como premisa que se trate de un gobierno que auténticamente esté comprometido a ser honesto y ejercer el poder de manera legítima. Sin embargo, lamentablemente este no es el caso en algunos países de Centroamérica. Los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua están reduciendo los espacios cívicos de manera agresiva y preocupante. Sectores independientes o no alineados de estos países, principalmente la prensa, la sociedad civil organizada, empresarios, operadores de justicia, pueblos indígenas, políticos opositores y otros, están sufriendo persecución penal espuria y diversas formas de acoso.

Y lo que es inaceptable, es que, en semejantes circunstancias, algunos de estos gobiernos sigan agendas de gobierno abierto, y realicen ejercicios de presupuesto abierto siguiendo plantillas diseñadas internacionalmente. En estas actividades la participación de la sociedad civil organizada es mínima, y en muchos casos, las organizaciones que participan, lo hacen a cambio de algún beneficio del gobierno, quebrando la legitimidad de su participación. En vez de ser ejercicios ciudadanos legítimos, constituyen piezas de propaganda gubernamental, herramientas útiles para lavar la cara de gobiernos autoritarios y antidemocráticos, lo que en la jerga de las iniciativas de gobierno abierto se denomina open wash.

Ante la gravedad de estas prácticas, las iniciativas internacionales de gobierno y presupuesto abierto deben revisarse para no solo evitar estas manipulaciones maliciosas, sino denunciarlas y sancionarlas con la exposición pública. Debe rescatarse el espíritu original con que esas iniciativas internacionales fueron creadas, acercar a gobierno y ciudadanía, para que participen como iguales en mesas niveladas y equitativas, como socios de un mismo esfuerzo. La nobleza y valor de esos propósitos contrastan vergonzosamente con las deformaciones y tergiversaciones que estamos viendo en Centroamérica, con las etiquetas de gobierno o presupuesto abierto.

Este deterioro contribuye a explicar por qué gobiernos que reportan avances notables en el diseño e implementación de herramientas tecnológicas de transparencia fiscal, como portales en Internet para el seguimiento de la ejecución presupuestaria o sistemas en línea para transparentar las adquisiciones públicas, también están plagados de espantosos escándalos de corrupción y abuso de los recursos públicos. Debemos entender que, cuando una secretaría o un ministerio de finanzas o hacienda publica en la Internet datos sobre el presupuesto o las adquisiciones públicas, no quiere decir que la ciudadanía automáticamente consulte esa información, y con ello legitime la acción gubernamental.

Publicar una gran cantidad de datos sobre operaciones fiscales podrá ser un esfuerzo para informar, pero sin una relación preestablecida entre gobierno y sociedad civil, por ejemplo, como a la que se supone que aspiraban lograr las iniciativas de gobierno abierto, no constituye acción efectiva para comunicar. Es decir, un gobierno que cumple con publicar un listado de documentos y datos, no necesariamente es transparente o abierto.

El punto crítico para rescatar estos esfuerzos es la legitimidad de sus procesos y acciones. Las agendas de gobierno abierto en Centroamérica deben evaluarse desde este punto de vista, y muy especialmente la libertad y legitimidad con que participa la sociedad civil organizada. Sólo un gobierno con auténtica vocación democrática puede, además de informar publicando gran cantidad de datos sobre sus operaciones fiscales, preocuparse por la legitimidad de sus programas de gobierno y presupuesto abierto.

Las fases del ciclo presupuestario ofrecen oportunidades regulares, por lo menos una vez cada año, para evaluar la legitimidad de la participación de la ciudadanía, usualmente representada por organizaciones de la sociedad civil. Durante el proceso de formulación supuestamente abierta del presupuesto, ¿participan numerosas y diversas organizaciones, representativas de todos los sectores sociales y económicos? ¿Se les permite a las organizaciones presentar propuestas, las cuales son recibidas formalmente y sistematizadas? En la fase de discusión y aprobación del presupuesto, ¿se incorporan las recomendaciones cuya formulación y contenido el Gobierno valoró como pertinentes y convenientes?

Claramente, en un clima de retrocesos democráticos y propagación de prácticas autoritarias, en incluso, como lamentablemente se observa ya en Guatemala y El Salvador, y con un deterioro muy avanzado en Nicaragua, estos gobiernos están perfilándose con características dictatoriales, y con ello, los espacios cívicos se ven amenazados o efectivamente restringidos y vulnerados, con lo cual las respuestas a esas preguntas inevitablemente serán negativas.

Esta evaluación de las condiciones de los espacios cívicos para participar es imprescindible, y deberíamos asumirla obligada para evitar el open wash en el que han degenerado muchos de los ejercicios de gobierno y presupuesto abierto. Este esfuerzo por evaluar no compete solamente a los gobiernos y a las organizaciones de la sociedad civil, sino también, y de manera muy especial, a los organismos internacionales que financian y apoyan estos ejercicios de gobierno y presupuesto abierto. Deben revisar honesta y concienzudamente si en sus marcos de resultados dan visto bueno sólo porque se realizó un taller de presupuesto abierto, o si, mucho más importante, además de su simple realización, evalúan su legitimidad y coherencia con el contexto general de respeto y protección a los espacios cívicos.

Reconocer el vínculo fundamental entre respeto y protección a los espacios cívicos, las herramientas de transparencia fiscal, y las iniciativas de participación ciudadana en el gobierno, y muy especialmente en las de presupuesto abierto, es la esperanza para recuperar su credibilidad y efectividad. En Centroamérica debemos erradicar ya el reconocimiento a gobiernos cada vez más autoritarios y antidemocráticos, que reciben apoyo porque realizan actividades de gobierno y presupuesto abierto. Cuando ocurren, debemos exponerlos públicamente como incoherencias inaceptables.
 

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