El número ya supera en un 44 % a las solicitudes tramitadas en todo 2020. Se estima que se debe a la inclusión de nuevos grupos y a las dificultades económicas de la población tras la pandemia.
Gobierno recibiría solamente unos $400 millones líquidos de las AFP para cubrir una brecha de $1,500 millones este año, señalaron economistas esta mañana.
Los ahorros de los trabajadores salvadoreños se han utilizado por años en inversiones que no dejan ni por cerca ganancias suficientes para tener una vejez digna. Esto se debe a las tasas bajas que ha pagado el Estado con los Certificados de Inversión Previsional, que siguen concentrando el 58 % de los fondos, pero también al tamaño del mercado de valores y a las limitaciones legales para hacer mejores inversiones en el extranjero. Las AFP no se ven afectadas pues sus retornos son los más altos entre las administradoras privadas de pensiones de la región.
Aunque los retiros aliviaron su situación económica momentáneamente, tres millones de personas quedaron sin fondos para jubilar y a ellos se sumarían otros dos millones tras el nuevo giro. Potencialmente, serán acreedores a una pensión básica solidaria a cargo del Estado.
Pagos incluyen pensiones por vejez, devoluciones de saldo por vejez, entre otros.
La nueva reforma hecha por la Asamblea Legislativa redujo la edad para acceder a los adelantos, pero esta ley fue vetada por el presidente de la república.
Expertos advierten que un hipotético cambio de administración en el sistema previsional solo traerá alivio fiscal temporal y no solucionará los problemas.
Este mes, Hacienda debe cancelar $444.7 millones por las LETES colocadas en marzo del año pasado, para financiar gastos de la emergencia por la covid-19.
La SSF reportó a la Asamblea Legislativa que la reforma al sistema de pensiones que permitió a la gente poder pensionarse sin obligación de devolver anticipo recibido no se ha podido aplicar debido a que el Banco Central de Reserva no ha emitido la normativa para ello.
El economista David Bravo argumenta por qué no está de acuerdo con el retiro anticipado de los ahorros que las personas tienen en sus fondos de pensiones, una medida aprobada en Chile para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia.
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