Economía

¿A quién le deben los salvadoreños?

Inversionistas privados y organismos multilaterales son los principales acreedores de la deuda que ha adquirido El Salvador .

Factores El crecimiento de la deuda se aceleró en 2020, con la pandemia y la caída de ingresos.

Factores El crecimiento de la deuda se aceleró en 2020, con la pandemia y la caída de ingresos.

La deuda pública representa una pesada carga para las finanzas del país. Hasta marzo de este año, el saldo de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) era de $21,965.5 millones, lo que equivale a un 82.6 % del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Hacienda.

Pero, ¿a quién se le debe este monto? A la fecha, los mayores acreedores del país son los inversionistas, generalmente extranjeros, quienes han adquirido $8,724.7 millones de esta deuda, es decir un 62 % del monto global, según el documento publicado por Hacienda.

De estos $8,724.7 millones, $7,658.1 millones fueron adquiridos a través de la compra de las diferentes emisiones de bonos y eurobonos que el país ha colocado en el mercado internacional.

Otro monto importante se le debe a los organismos multilaterales: $4,224.8 millones por la adquisición de diferentes préstamos y otros $360.1 millones que el país ha suscrito de manera bilateral con otras entidades. De manera que los préstamos externos avalados a El Salvador suman $4,584.9 millones.

Entre las principales multilaterales a los que ha recurrido El Salvador a través de los años para encontrar financiamiento para sus proyectos están: el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BID).

La cartera de préstamos vigentes con el BM asciende actualmente a $770 millones e incluye proyectos de inversión dirigidos a desarrollo local, salud, educación, atención de pandemia y la vacunación anticovid. Con el BCIE, el saldo de la cartera de créditos vigente hasta el 30 de abril era de $1,131.6 millones para el sector público, tanto soberano como no soberano.

El Gobierno de El Salvador también ha adquirido deuda en el mercado local. Este mecanismo tomó relevancia el año pasado, cuando en marzo, Hacienda salió a colocar más de $400 millones en Letras del Tesoro (LETES), para financiar la entrega de un bono de $300 a personas que hubieran perdidos sus ingresos por la cuarentena que se decretó en el país por la pandemia. Los bancos, entre otros, figuran como compradores de estos títulos.

Siempre en el marco de la emergencia, el Gobierno colocó $645 millones el Certificados del Tesoro (CETES). Con estos fondos tomó recursos para crear un fideicomiso de apoyo a las pequeñas empresas. tanto LETES como CETES se consideran deuda de corto plazo, porque debe ser cancelado en no más de un año.

Hasta el 31 de marzo, esta deuda de corto plazo alcanzaba los $2,299.1 millones, según Hacienda. Finalmente, a la deuda del país hay que agregar el costo previsional. En este apartado se incluyen $5,619.1 millones del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), el cual fue creado para que el Estado obtuviera los recursos para pagar la deuda de pensiones del antiguo sistema de reparto, conformado por entidades como el Seguro Social (ISSS) y el Instituto de Pensiones (INPEP).

Costo elevado

De acuerdo con el perfil publicado por Hacienda, de los $14,047.3 millones de la deuda de mediano y corto plazo del país, un 41 % fue adquirida a tasas de interés de entre un 6 % y un 8 %, lo que representan un costo elevado para las finanzas públicas.

En 2020, el Gobierno emitió $1,000 millones en bonos en los mercados internacionales a 32 años y a una tasa de 9.5 %, la tasa más alta desde la dolarización de la economía y el plazo más amplio desde 2002. Diversos organismos han advertido sobre la trayectoria ascendente de la deuda de El Salvador y han urgido a que un acuerdo fiscal para dar sostenibilidad a las finanzas públicas en los próximos años.

Recientemente, el Gobierno dio a conocer que negocia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y con el cual negocia un ajuste fiscal del 4 %, aunque organismos como la Fundación Salvadoreña para el desarrollo Económico y Social (FUSADES) han advertido que este tendría que ser de, al menos, un 5.7 % con respecto al PIB, lo que equivale a un ajuste de $1,460 millones en sus gastos e ingresos para estabilizar la deuda pública y estabilizar las finanzas públicas.

Empero, desde el 1 de mayo, la nueva legislatura, de mayoría oficialista, ha aprobado $1,530 millones en 11 nuevos créditos y $1,290 millones en dos fideicomisos para el agro. Además, se han recibido solicitudes para la aprobación de otros $500 millones en empréstitos, según ha trascendido a nivel público.

Ante estas recientes aprobaciones, economistas han expresado que el Gobierno debe de ser muy responsable y transparente en el uso de los recursos, los cuales no son ilimitados. "Se están quitando muchos controles y transparencia de la administración de los fondos y el Ministerio de Hacienda sigue sin responder cómo va a hacer para pagar esta cantidad de préstamos por más que las tasas de interés sean bajas o haya prórrogas en los próximos años", observó la economista Tatiana Marroquín.

El analista Luis Membreño, en una reciente columna de opinión, expresó que "este nivel de crecimiento del endeudamiento del gobierno solo lo pueden detener los acreedores".

Lee también

Comentarios

X

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Mensaje de response para boletines