Economía

Aumento de pensión mínima en El Salvador costaría $88 millones este año

Incremento se verá reflejado a partir de este mes, pero se desconoce el mecanismo para financiar el alza. Expertos advierten de mayores presiones para la Cuenta de Garantía Solidaria.

Recuperación. Se espera que en el primer trimestre se vuelva a cifras de cotizantes prepandemia.

Recuperación. Se espera que en el primer trimestre se vuelva a cifras de cotizantes prepandemia.

El incremento de la pensión mínima en El Salvador de $207 a $304 entrará en vigencia este mes y significará una erogación adicional de aproximadamente $88 millones en su primer año, según estimaciones de la Asociación Salvadoreña de Administradora de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS) aunque no hay números definitivos.

René Novellino, presidente de ASAFONDOS, detalla que dentro del Sistema de Ahorro Previsional (SAP) serán unos $15 millones adicionales en pagos provenientes de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), y agregando a las obligaciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP), se suman $73 millones.

Se estima que, a finales de 2020, se erogaban $12 millones anualmente por parte de la CGS en concepto de pagos de pensiones mínimas para personas que ya se les agotó el saldo de su cuenta.

Pese a ser una cantidad pequeña comparada con el pago de obligaciones del SAP (casi $800 millones anuales), esta va en crecimiento. Por ejemplo, en 2017 se erogaban $8 millones anuales en pensiones mínimas, lo cual significó un crecimiento de 50 % en tres años.

A estos se les unirán eventualmente las personas que todavía tienen recursos propios, pero que se les terminarán más rápidamente el saldo por el aumento.

Riesgos

La reforma de la Ley SAP, llevada a cabo en 2017, creó la CGS, la cual funciona como un fondo común hacía el que se destina el 5 % de la tasa de cotización, encargándose del financiamiento del costo de transición y otros beneficios establecidos (pensión mínima y por longevidad).

Un riesgo que han advertido los expertos sobre el aumento realizado de 46.8 % a la pensión mínima y la falta de un apoyo financiero es sobre la sostenibilidad de la medida y excesiva presión para la CGS.

El problema se agrava porque el incremento ya entró en vigencia, pero todavía no existe una fuente de refuerzo.

El líder de la gremial de las AFP asegura que están claros que van a cumplir la ley en lo que se indique sobre el monto de la nueva pensión mínima, pero todavía desconocen cómo se hará la transferencia del refuerzo presupuestario para la CGS o a partir de cuándo será.

Los diputados esperan superar el veto presidencial al decreto legislativo 805 que contemplaba el refuerzo de $125 millones provenientes de un préstamo internacional, lo que implicará que la discusión será llevada ante la Sala de lo Constitucional y eso puede tomar varios meses antes de ser resuelto y, mientras tanto, la presión financiera sigue creciendo.

La Fundación Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), citando un estudio actuarial realizado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), señala que, bajo ciertos parámetros "a partir del año 2027 los ingresos y los remanentes capitalizados no serán suficientes para hacer frente a sus obligaciones".

Además, una valuación actuarial realizada por el grupo consultor MERCER, estimaba que, sometida a una serie de escenarios, la CGS se agotaría en el año 2055.

Se solicitaron datos a la SSF para conocer a cuánto asciende actualmente la CGS, pero no respondieron. El estudio de Fundaungo agrega que entre enero y junio de 2019 la CGS acumuló $120.9 millones percibiendo un crecimiento del 26% respecto al año anterior.

El economista Luis Membreño, presidente de Membreño Consulting, opina que el aumento fue "una decisión muy política que significará comida para hoy y hambre para mañana" porque debió hacerse con estudios de sostenibilidad.

"No se han hecho estudios para saber si el sistema soportará un aumento a $304, sabía que soportaba hasta $250 para ser sostenible y luego se puede hacer incrementos paulatinos con base técnica y no decisiones que buscan réditos políticos", advierte Membreño.

En la reforma de la Ley SAP de 2017 quedó establecido que cada tres años se iba a revisar el parámetro del monto de la pensión mínima y para hacerla se tenía que conformar el comité actuarial que cuantificaría los impactos de cualquier medida a fin de asegurar la sostenibilidad del sistema.

Sin embargo, dicho comité no ha sido conformado y, en ese sentido, la iniciativa de aumentar la pensión mínima no se hizo en base a los parámetros de la ley.

A esto se agrega el efecto de la caída en los cotizantes en el SAP por la pérdida de empleos formales el año pasado y por lo tanto, menores aportaciones a la CGS.

De marzo a abril del año pasado, el número de cotizantes cayó -5.3 % y de octubre a diciembre había crecido un 2.3 %. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, comparado el dato de diciembre del año pasado con 2019, está un -2.1 % abajo.

La expectativa de ASAFONDOS es que se vuelva a los niveles de cotizantes prepandemia en el transcurso del primer trimestre del año; sin embargo, esto dependerá del comportamiento de la pandemia y otros temas relacionados.

Por su parte, Carlos Pérez, representante de los trabajadores en el comité de riesgo de pensiones, advierte que si la recaudación de las cotizaciones aumenta en los porcentajes que había mantenido en los años prepandemia (entre un 5 % y 8 % anual), no habría problema.

Pero si en caso que en 2021 no se recupera rápidamente el empleo formal, "la CGS va a entrar en terreno negativo", agrega Pérez.

Los expertos coinciden en que, ante este panorama, se vuelve necesario asignar una fuente de financiamiento sostenible, es decir, un compromiso de Estado de incluir en las partidas del presupuesto para que evitar que las pensiones se conviertan en un nuevo problema fiscal.

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