Economía

Corte Suprema de El Salvador delimita plazo para justificar patrimonio ante Probidad

El pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó el martes pasado un reglamento para definir las investigaciones de la Sección de Probidad encaminadas a revelar enriquecimiento ilícito de funcionarios.

1 Criterios.  El nuevo reglamento de Probidad establece criterios para indagar el enriquecimiento ilícito.

Sesenta días para justificar el patrimonio y una única prórroga de un mes. Ese el plazo que delimitó esta semana el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el nuevo reglamento de Probidad, con el que buscan determinar el enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios.

"Una vez concluido el informe preliminar, previa revisión de la Comisión, éste será notificado al investigado, entregando con la misma, copia certificada de dicho informe; señalando un plazo de sesenta días hábiles para presentar los documentos de descargo que considerare pertinentes", se lee en el reglamento que consta de 25 artículos.

Además de ese plazo, el nuevo reglamento contempla dar un único mes de prórroga en "condiciones especiales" a aquellos investigados que hayan tenido problemas para recibir la información para su descargo.

"En virtud del volumen, antigüedad de la misma o falta de disponibilidad en las instituciones correspondientes, debidamente comprobada; siempre y cuando dicho investigado, haya realizado la solicitud oportunamente. Le haya sido imposible recopilar u obtener documentación de descargo", determina específicamente el reglamento.

La delimitación de los plazos para presentar los descargos es una de las críticas más fuertes que la Corte Suprema de Justicia recibió en algunos casos de supuesto enriquecimiento ilícito que ya fueron abordados por el pleno.

El magistrado presidente de la Sala de lo Civil, Óscar López Jerez, reconoce que hubo "desorden" a la hora de otorgar prórrogas para que los investigados presentaran sus descargos: "Antes se les dio más plazo a unos y a otros no. Con este reglamento se pretende que a todos se les aplique el mismo criterio", dijo el magistrado a este periódico.

El reglamento establece que una vez vencido el plazo y su respectiva prórroga, el exfuncionario no podrá agregar más información de descargo sobre un posible enriquecimiento ilícito: "De presentarse cualquier documentación, posteriormente al vencimiento del plazo concedido por la Corte, a excepción de la comprendida en alguno de los supuestos anteriores, no será considerada ni valorada como parte de la decisión del pleno de la Corte, siendo únicamente agregada al expediente", reza uno de los incisos del artículo 19 del reglamento.

Criterios claros

Otra de las novedades que incluye el reglamento de Probidad es que deja en firme los siete criterios, que aprobó el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en mayo pasado, para decidir cuáles serán los exfuncionarios y funcionarios que serán objeto de investigación patrimonial.

Dentro de esos criterios destaca que también sean investigados los exfuncionarios o funcionarios suplentes, siempre y cuando hayan ejercido el cargo. Además, Probidad también tendrá la potestad de indagar la riqueza de quienes no hayan presentado su declaración a la salida del cargo (conocida como de cese) en busca de irregularidades.

Otro de los criterios aprobados por los magistrados de la CSJ es que Probidad pueda retomar investigaciones proporcionados por terceros, como base de sus propias indagaciones, siempre y cuando estén basadas en fuentes creíbles y verificables.

"La existencia de elementos específicos que alerten sobre la posibilidad de enriquecimiento ilícito de un empleado o funcionario público, con base en información verificable y objetiva proveniente de fuentes independientes a la Sección de Probidad, tales como investigaciones periodísticas, organizaciones sociales y entidades académicas", consigna el reglamento como un de los criterios para iniciar una investigación.

Como un apoyo a la Sección de Probidad, el nuevo reglamento contempla la creación de una unidad que se encarga de realizar las indagaciones con las instituciones para comprobación de las declaraciones juradas de patrimonio, pero siempre bajo la dirección del jefe de Probidad.

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