Economía

El Salvador: MAG, MITUR y MINSAL sin transparentar gastos

No brindaron detalles de $2,000 millones asignados para afrontar la pandemia .

Sin respuesta. Los ministros Francisco Alabí, Pablo Anliker y Morena Valdez no brindaron la información.

Los ministerios de Salud (MINSAL), Agricultura y Ganadería  (MAG) y Turismo (MITUR) no transparentaron los gastos de los fondos utilizados durante la emergencia nacional por covid-19. A dichas instituciones se les solicitó el registro de adquisiciones y de compras efectuadas en esa fecha y las transacciones de flujo, pero no han respondido a las solicitudes. 

El Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (FERRE), que tutela la transparencia del uso de los $2,000 millones asignados para afrontar la pandemia,  solicitó en dos oportunidades la información a los titulares de los tres ministerios. Las solicitudes contemplaban el período entre el 1.° de marzo y el 30 de noviembre de 2020 y  debía incluir elementos como el nombre del proveedor o destinatario, código de aplicación presupuestaria, monto y estado, entre otros detalles.

El Comité envió ayer el requerimiento final, luego de dos requerimientos preliminares enviados anteriormente, en diciembre de 2020 y febrero de 2021. En él  piden a los titulares nombrar al funcionario pertinente para dar respuesta a la solicitud, tomar las medidas correspondientes para evitar incumplimientos reiterados y entregar la información. 

“Cuando un funcionario no le entrega información al Comité, más allá de incumplir sus obligaciones que están establecidas por ley, también está violando el derecho al acceso a la información pública de la ciudadanía”, aclaró Ricardo Castaneda Ancheta, coordinador del Comité, ante la poca voluntad de los ministerios.

Castaneda mencionó que en el requerimiento preliminar el exministro del MAG, Pablo Anliker, solicitó acreditación legal y de la personería jurídica del Comité, algo que los contralores no estaban obligados a presentar. El comité evaluó la petición y concluyó que con ella el ministerio no subsanaba la no entrega de información, ya que este organismo fue aprobado mediante decreto legislativo que, además, fue sancionado por el presidente de la República.

“Sinceramente pudo haber sido un mecanismo en el cual únicamente se estaba dilatando el tiempo para entregar la información. Ahora que ha habido un cambio del ministro de Agricultura esperaríamos que con este dictamen final el nuevo ministro sí pueda entregar la información, que al final de cuentas debe ser pública”, dijo Castaneda.

Manifestó que de no tener respuesta ante un tercer llamado habrían violaciones al marco legal salvadoreño y será la Fiscalía y la Corte de Cuentas las que deban investigar a las tres instituciones. “Nos compete trasladar la información para que la Fiscalía y la Corte de Cuentas puedan empezar los procedimientos y determinar si hay responsabilidad patrimonial o, incluso, responsabilidad penal”.

Añadió que la situación ya fue trasladada al presidente Nayib Bukele para que genere directrices y establezca que los funcionarios cumplan. 

  •  Lo solicitado a los tres ministerios

1. Agricultura

El primer requerimiento, del que tampoco hubo respuesta, fue presentado el 21 de diciembre de 2020. En una segunda vez el ministerio solicitó al Comité acreditación de personería jurídica innecesaria.

2. Turismo

Morena Ileana Valdez, ministra de turismo, también recibió el requerimiento del Comité el 21 de diciembre del año pasado y no emitió ningún tipo de respuesta a la solicitud. Tampoco en el dictamen preliminar.

3. Salud

El 22 de diciembre de 2020, a través de un requerimiento, se solicitó a Francisco Alabí la entrega de información de egresos de fondos y no se obtuvo respuesta. En un segundo llamado tampoco la hubo. 

  • Decreto

El decreto Nº 674, emitido por la Asamblea Legislativa el 22 de junio de 2020 y publicado en el Diario Oficial  Nº 674 del 24 de julio de 2020, establece que todos los funcionarios relacionados con el Fondo deben entregar toda información que el Comité requiera, sin reserva. Deben ser atendidos en un plazo máximo de diez días.

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