Economía

El Salvador: sistema de reparto no sería solución

Expertos advierten que un hipotético cambio de administración en el sistema previsional solo traerá alivio fiscal temporal y no solucionará los problemas.

Apoyo. La actividad busca apoyar a las mipymes de la región centroamericana.

Ante el anuncio hecho por el varios integrantes del Órgano Ejecutivo que, con la entrada de la nueva Asamblea Legislativa el 1° de mayo, se abordará una "reforma integral" del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) de El Salvador, expertos advierten que un posible cambio en el sistema de ahorro individual a uno de reparto (administrado por el Gobierno) no significaría mejoras o soluciones a los diversos problemas del sector.

"Hemos dicho siempre que hay que dotar de una reforma integral de pensiones a El Salvador, que tenga tres ejes fundamentales: que beneficie en un primer momento al cotizante, algo que nunca se ha hecho con esa visión en el país, en un segundo momento al Estado y a los actores que podrían estar administrando los fondos de pensiones", dijo a principios de marzo el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.

Rene Novellino, presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Pensiones (ASAFONDOS), no quiere especular sobre una posible creación de una AFP pública o la posibilidad de regresar a un sistema de reparto, sino que ver lo que el país necesita en términos de una reforma previsional; de esa manera ver las políticas específicas para cumplir los objetivos con sostenibilidad de corto y largo plazo.

Para Novellino, los objetivos que se deberían resolver son: las bajas pensiones ya que la mínima está establecida en $304 y la baja cobertura en la seguridad social, ya que se estima que solamente uno de cada cuatro trabajadores cotiza en el sistema.

"No se trata únicamente de tomar medidas, como desafortunadamente ha sido en el pasado, con algunas reformas que se orientaban a resolver una problemática fiscal con visión de corto plazo en la que la seguridad social no aparecía en el mapa", dijo el líder gremial en una entrevista televisiva en Canal 33.

Peso en la deuda

La deuda del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) ha sido, históricamente, un creciente problema para las cuentas fiscales desde que se creó en 2006 para pagar las pensiones del extinto sistema público.

La reforma a la Ley SAP de hace cuatro años tuvo un impacto fiscal positivo (le quitó una carga al Estado equivalente a $750 millones desde 2018 a 2020); sin embargo, este continúa a cargo del pago de los pensionados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) que representan cerca de $400 millones anuales, que ha significado un crecimiento del endeudamiento. De 2009 a 2020, el FOP tuvo un incremento de 422 % y pasó de $1,063 millones a $5,555 millones.

El economista, Carlos Argueta explica que en el hipotético caso que la reforma cambie la administración de las pensiones a una institución pública, generaría que el monto de deuda con el SAP se haga implícito, es decir, que seguirá debiéndolo a los trabajadores, pero, al mismo tiempo a sí mismo (como Estado).

Esto haría que nominalmente, esta deuda pasaría a estar "bajo la línea" y el ratio respecto al producto interno bruto (PIB) bajaría 20 puntos, es decir pasaría del 90 % un 70 % del PIB.

Esto traería un alivio temporal al Estado en el sentido que mejoraría los indicadores de las finanzas públicas.

Argueta señala que este posible cambio se centra únicamente en lo administrativo, pero es necesario para hacer mejoras implementar mecanismos como monotributos, mejorar poco a poco la estructura salarial y la tasa de rentabilidad.

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