Economía

Estatal eléctrica, principal causa de preocupación para el Gobierno de Puerto Rico

Estatal eléctrica, principal causa de preocupación para el Gobierno de Puerto Rico

Estatal eléctrica, principal causa de preocupación para el Gobierno de Puerto Rico

 La Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE) es la principal causa de preocupación para el Gobierno de Puerto Rico, una empresa con una deuda impagable, altas tarifas e incapaz de prestar el servicio que necesita la economía local.

La compañía energética, cuya deuda cercana a los 9.000 millones de dólares está en proceso de reestructuración por un tribunal federal, se convirtió esta semana en centro mediático debido a la controversia por el salario que iba a recibir el que estaba previsto que este fin de semana se convirtiera en su primer ejecutivo.

La Junta de Gobierno, órgano de dirección de la compañía estatal controlado por miembros nombrados por el Ejecutivo, anunció que Rafael Díaz, un directivo con larga trayectoria internacional, sería a partir de este fin de semana el nuevo director general a cambio de 750.000 dólares anuales.

El anuncio fue una auténtica "bomba" al considerar medios, oposición y el propio Gobierno que lidera Ricardo Rosselló que se trataba de una cifra desproporcionada para una empresa estatal, sobre todo en un momento crítico para Puerto Rico, con una descomunal deuda.

El Gobierno, que negó cualquier intromisión política en la AEE, trata ahora de recomponer la situación tras el nombramiento de miembros de la junta directiva en la empresa.

La indignación se desató al superar, con mucho, el salario que iba a recibir Díaz los 450.000 dólares de su predecesor, el estadounidense Walter Higgins, quien esta semana abandono la empresa tras poco más de cuatro meses en el cargo al alegar problemas de salud.

Los 450.000 dólares de Higgins dieron durante meses para páginas y horas de comentarios en los medios locales por considerarse un despropósito pagar esa cantidad a un ejecutivo cuando el país atraviesa un crisis económica que dura una década, está supervisado por una entidad federal y, además, por ser la AEE una empresa con un servicio cuestionable.

La crisis terminó esta semana con la dimisión de los miembros independientes del órgano rector de la empresa, incluido Díaz, nombrado desde hace cerca de 2 años, que de esa forma ya no será director general.

El catedrático de Economía de la Universidad de Puerto Rico José Alameda dijo a Efe que el salario que la Junta de Gobierno de la AEE estableció para Díaz muestra que las personas que lo componen piensan como si la eléctrica se tratara de una compañía privada.

El economista opinó que la decisión de pagar ese salario puede corresponderse además a parte de un proceso dirigido a una transición hacia que la AEE se convierta en una compañía privada.

El economista Santos Negrón, con amplia trayectoria en compañías estatales, indicó a Efe que por mucho dinero que se pague a un directivo la situación de la AEE es tan complicada que no se puede esperar que una persona solucione con una varita mágica los problemas de la primera empresa de la isla.

Negrón se preguntó sobre qué medidas puede tomar una persona para cambiar el rumbo de una empresa si está lastrada por equipos obsoletos, material dañado por los huracanes y la dependencia del petróleo como combustible.

El Gobierno tratará ahora de recomponer la situación con el nombramiento de un nuevo miembro de la junta directiva de la AEE, lo que permitirá el consenso necesario para nombrar al nuevo director.

Aunque el gobernador negó cualquier intento de politizar la empresa la acusación de intentar controlar la compañía está sobre la mesa para una compañía de cuyo servicio se quejan los clientes, por caro e ineficaz.

Rosselló convertió en junio pasado en ley un proyecto para transformar la AEE, mediante una privatización parcial, con el objetivo de reducir las tarifas.
La privatización está limitada a la generación, mientras que para la distribución y transmisión, también en manos de la AEE, se ha optado por la concesión a término definido.

AEE está inmersa en un proceso de quiebra provocado por la imposibilidad de afrontar el pago de su millonaria de su deuda.
La compañía se rige por el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (Promesa, por sus siglas en inglés), norma aprobada por el Congreso en Washington, debido a no poder hacer frente al pago de la deuda.

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