Economía

Gobierno de El Salvador fija precio de productos de la canasta básica

La medida busca garantizar seguridad alimentaria en la emergencia a causa del coronavirus en el país y evitar especulaciones. La Defensoría del Consumidor dará seguimiento al cumplimiento de lo establecido junto al MAG y la Superintendencia de Competencia.

La Defensoría del Consumidor anunció ayer, oficialmente, los precios fijos máximos de las ventas de productos de la canasta básica, para evitar alzas ante la actual emergencia por coronavirus en El Salvador, los cuales se mantedrán en vigencia mientras duren las disposiciones de los decretos legislativos, informó la entidad en una conferencia de prensa en conjunto con el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Superintendencia de Competencia.

El frijol, maíz, arroz, leche en polvo y huevos, que representan la mitad de la canasta básica de los salvadoreños en un 50% el área urbana y 37% en la zona rural estarán regulados a partir de un acuerdo de la Defensoría, con el cual que busca garantizar los derechos de los consumidores, detallaron las autoridades.

"Hemos mantenido un monitoreo constante en conjunto con Agricultura, y producto de este monitoreo y también del abastecimiento nos ha llevado a tomar la decisión de la competencia que nos otorga la ley de Protección al Consumidor de fijar y modificar los precios cuando se emitan estados de emergencia nacional. Hemos decidido establecer estos precios máximos", dijo Ricardo Salazar, de la Defensoría del Consumidor.

Los precios máximos a minoristas son los siguientes: libras de maíz $0.23, arroz del blanco $0.48, arroz precocido $0.53, frijol rojo de seda $0.75, frijol negro $0.69 y el huevo por unidad $0.12, entre otros verificables en recuadro de esta edición.

Para el maíz blanco el precio fijado por quintal es de $17.75, el arroz blanco tendrá precio de $38.95 por quintal, y las 15 unidades de huevo mediano estarán entre $2.15, $2.50 y $2.25, respectivamente.

Salazar dijo que la medida constituye un elemento clave para la seguridad alimentaria del país, con el que se evitará la especulación y mantener índices adecuados de abastecimiento, por lo que continuarán con el monitoreo constante.

Agregó que cada uno de los productos detallados en el acuerdo, podrán modificarse de forma oficiosa por la Defensoría del Consumidor o a solicitud de los proveedores, siempre y cuando estos últimos demuestren causas que lo justifiquen.

"El incumplimiento a estos precios máximos representa una infracción grave, una multa que lleva a los 200 salarios mínimos y a medidas administras que correspondan", advirtió el funcionario.

A inicios de la semana recién pasada, la Defensoría también fijó los precios máximos de las mascarillas y recipientes de alcohol gel, los cuales no solo escasearon si no también presentaban precios altos.

Reiteraron que la ciudadanía puede denunciar cualquier incumplimiento a estos precios a través del número de WhatsApp 7860-9704 y al teléfono 910, como parte de la contraloría social e institucional para garantizar el acceso.


SANCIONES POR NO INCUMPLIR PRECIOS

Quienes irrespeten los precios máximos establecidos serán sancionados con base a ley de la defensoría:

1.
200 salarios
La falta grave que será aplicada a quienes no respeten los precios máximos oficializados ayer por parte del Gobierno, los hará acreedores de multas de $200 salarios mínimos. La medida busca garantizar la seguridad alimentaria  en El Salvador y combatir la especulación de precios de la canasta básica, en el marco de la emergencia  por la pandemia de COVID-19, virus que ya ha infectado en el país a salvadoreños, según datos oficiales  que se mantenían hasta ayer en el país. 

2.
ADMINISTRATIVA
La entidad indicó que quienes no acaten dichos precios también tendrán sanciones administrativas, que si bien no fueron detalladas, dijeron será la forma de controlar que los precios se mantengan mientras duren las medidas establecidas ante la crisis que amenaza la nación por el impacto del coronavirus. Para ello, afirmaron que la Defensoría del Consumidor trabajará en conjunto con el MAG y la Superintendencia de Competencia.

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