Economía

La OMC declara ilegales ventajas fiscales de Brasil en autos y tecnología

La OMC declara ilegales ventajas fiscales de Brasil en autos y tecnología

La OMC declara ilegales ventajas fiscales de Brasil en autos y tecnología

El órgano de Apelación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) declaró hoy contrarios a la normativa internacional varios programas de incentivos fiscales lanzados por Brasil en el sector tecnológico y de automoción, contra los que habían protestado la Unión Europea y Japón.

La instancia, última a la que podía acudir Brasil en el seno de la OMC tras el inicio del contencioso en 2013, confirma las decisiones que el órgano de Resolución de Disputas ya había tomado en agosto de 2017.

Los programas, con los que el Ejecutivo brasileño buscaba promover el desarrollo interno de sectores de alto valor añadido, concedían beneficios fiscales a cambio de que la producción se llevara a cabo en Brasil, lo que según la Unión Europea y Japón suponía una discriminación a los productos importados.

Según la decisión ratificada hoy, programas como el INNOVAR-AUTO, dirigido a estimular la expansión del sector automotriz brasileño, daban un trato desfavorable a productos importados, contra lo establecido en el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Además, el órgano de Apelación consideró inconsistente con la normativa comercial internacional una parte de ese programa que daba incentivos fiscales a productos importados de países latinoamericanos (Argentina, México y Uruguay).

Sin embargo, Brasil sí logró hoy que la OMC se echara atrás en otras decisiones también anunciadas en agosto de 2017 respecto a programas de subsidio a empresas exportadoras del país suramericano, que originalmente también se habían considerado ilegales de acuerdo con los acuerdos arancelarios internacionales.

Las decisiones serán notificadas al órgano de Resolución de Disputas, para su adopción formal en el plazo de 30 días.

La Unión Europea inició su disputa contra siete programas fiscales de Brasil en diciembre de 2013, Japón lanzó un procedimiento paralelo en julio de 2015 y la OMC fusionó más tarde los dos contenciosos. 

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