Economía

“Pienso que El Salvador nunca mereció el ‘grado de inversión’”

En 2013, el entonces representante de Centroamérica ante el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), Carlos Acevedo, le brindó a El Economista esta entrevista donde expresaba su visión del panorama económico del país y su particular juicio sobre el grado de inversión que las agencias calificadoras de riesgo le otorgaron a El Salvador a finales de los 90.

“Pienso que El Salvador nunca mereció el ‘grado de inversión’”

“Pienso que El Salvador nunca mereció el ‘grado de inversión’”

En 2013, el entonces representante de Centroamérica ante el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), Carlos Acevedo, le brindó a El Economista esta entrevista donde expresaba su visión del panorama económico del país y su particular juicio sobre el grado de inversión que las agencias calificadoras de riesgo le otorgaron a El Salvador a finales de los 90.

¿Cuál es la evaluación que hace el FMI sobre la situación macro y fiscal de El Salvador?

El tema central que preocupa al FMI es la combinación de lento crecimiento y desbalances fiscales, que de no resolverse puede desembocar en una crisis macroeconómica y social de dimensiones mucho mayores, de la que varios analistas consideran que ya es una seria crisis en el país. Quisiera resaltar la palabra combinación. El déficit fiscal de El Salvador, si se excluyen las pensiones, ha promediado el 2 % del PIB en años recientes. Eso es menos de la mitad del déficit fiscal de Costa Rica. Panamá ha acumulado deuda pública a un ritmo mucho mayor que el de El Salvador en años recientes. Sin embargo, la deuda soberana de Costa Rica y Panamá tiene grado de inversión, mientras que El Salvador lo perdió en noviembre de 2009. ¿Cuál es la diferencia? Panamá y Costa Rica han estado creciendo a tasas altas, mientras que El Salvador ha estado a la cola del crecimiento en América Latina desde hace 18 años, sobre todo desde que se dolarizó. Si la economía salvadoreña estuviera creciendo a tasas panameñas, nuestra deuda de casi 60 % del PIB nos daría risa. Que conste, Panamá no está creciendo a esas tasas porque esté dolarizada, sino porque a pesar de estar dolarizada ha entrado en un ciclo de altísima inversión pública y privada en torno a la expansión del Canal.

¿La situación de la deuda y el déficit actual es la peor por la que ha pasado el país?

Obviamente, el saldo de la deuda pública es resultado de un proceso acumulativo. El año pasado yo señalaba que de cada $100 de deuda pública del país, la administración Funes había heredado $90 de administraciones pasadas. Pero insisto, el tema de la deuda es relativo. Si El Salvador estuviera en Europa, sería un modelo de disciplina fiscal para la mayoría de países. En promedio, la deuda pública en Europa es casi el doble de la salvadoreña como porcentaje del PIB. El gran problema de El Salvador, insisto, es que no crece (como le ocurre a la periferia europea). Y con tasas de crecimiento raquíticas de entre 1.5 % y 2 %, una deuda pública de 60 % del PIB puede volverse un serio problema si se mantienen déficit fiscales de 4 %.

¿Cómo podría resumirse la historia fiscal del país en la última década?

Creo que ha sido predominantemente una historia de irresponsabilidad fiscal, con excepción de la reforma que el exministro Guillermo López Suárez intentó impulsar en 2005-2006, y que le valió su desvinculación del gobierno de Saca, y de los esfuerzos extraordinarios que el actual ministro Carlos Cáceres ha impulsado para elevar la recaudación tributaria y contener el gasto público a través de dos rondas de correcciones fiscales. Pero una golondrina no hace verano, ni el Ejecutivo puede hacer milagros. Si la clase política no coadyuva, sobre todo evitando que la Asamblea apruebe programas populistas irresponsables que desbalancean el presupuesto del Estado, no es posible alcanzar los balances que la sostenibilidad fiscal del país exige.

El Grupo Técnico advirtió que si el país sigue como ahora, será insostenible en 2017. ¿Cree que es así?

Todos los análisis de sostenibilidad fiscal coinciden en que, si El Salvador se mantiene en la actual trayectoria de bajo crecimiento económico y déficit fiscal del orden del 4 % del PIB (incluyendo pensiones), ese es efectivamente el escenario previsible en el mediano plazo. Si las condiciones externas se deterioran adicionalmente, por ejemplo, si las tasas de interés internacionales empiezan a subir antes de lo previsto, ese escenario podría materializarse en un plazo más corto.

La calificación de riesgo sigue bajando. ¿Cómo salir del hueco si se le hace más difícil conseguir financiamiento?

La calificación de riesgo ha venido en desmejora desde 2009 formalmente, aunque los mercados empezaron a castigar la deuda soberana salvadoreña por lo menos desde finales de 2007. En lo personal, pienso que El Salvador nunca mereció el “grado de inversión”. Creo que prácticamente “compró” el grado de inversión en 1998 en la medida en que los ingresos extraordinarios de la privatización de ANTEL y de las distribuidoras eléctricas hicieron que los balances del Estado salvadoreño parecieran muy bonancibles. Fue un espejismo que solo logró engañar a Moody’s. Standard & Poor’s y Fitch, que suelen ser más rigurosas en sus análisis, nunca consideraron que la deuda soberana de El Salvador mereciera el “investment grade”. Como quiera que sea, un principio básico de finanzas es que a mayor percepción de riesgo en un deudor, los acreedores demandan tasas mayores de interés, y obviamente los mercados no han hecho una excepción a esta regla en el caso de El Salvador.

¿Cómo le ayudaría al país volver a suscribir un acuerdo con el FMI?

Pienso que un acuerdo con el FMI siempre constituye una señal positiva para los inversionistas. Pero me parece que para que un acuerdo de ese tipo sea viable hay que garantizar dos condiciones básicas: una, el consenso entre todos los agentes políticos. La segunda condición, aún más importante, es que el acuerdo sea diseñado de modo tal que los sacrificios que haya que hacer en términos de un ajuste fiscal sean asumidos por los agentes con mayor poder económico. De modo que se minimice el impacto de dicho ajuste sobre los sectores socialmente más vulnerables, que son quienes históricamente suelen cargar con los costos mayores de las crisis.

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