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El Gobierno de Colom defraudó al Estado de Guatemala con alevosía y argucia

El Gobierno de Colom defraudó al Estado de Guatemala con alevosía y argucia

El Gobierno de Colom defraudó al Estado de Guatemala con alevosía y argucia

El Gobierno de Álvaro Colom timó al Estado de Guatemala al otorgar de manera ilegal y sin ningún aval 35 millones de dólares a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos para la implementación de un sistema prepago en un método de transporte que opera en la zona metropolitana. Así se desprende del escrito de acusación leído hoy por el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad Juan Francisco Sandoval, quien aseguró que los doce exfuncionarios señalados, entre los que están el propio Colom y el expresidente de Oxfam Internacional Juan Alberto Fuentes Knight, actuaron con alevosía y con conocimiento. En la audiencia de primera declaración celebrada este viernes ante el juez undécimo de Primera Instancia Penal, Eduardo Cojulum, la fiscalía imputó los delitos de fraude y malversación (peculado) a los doce implicados, pertenecientes al Gobierno socialdemócrata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en esta causa conocida como "Transurbano". En este sentido, el jefe fiscal aseguró que el expresidente de Oxfam, en su calidad de ministro de Finanzas, tuvo un "grave abuso de confianza" en contra de los intereses del Estado al fraguar y permitir de forma "fraudulenta" la aprobación del acuerdo con el que se defraudaron los 35 millones de dólares. "Como rector del Ministerio de Finanzas fue el responsable de cumplir y hacer cumplir todo lo del régimen hacendario, administrar, controlar y fiscalizar lo relativo a la aportación de recursos económicos", dijo Sandoval, pero aún así contravino todas estas normas y permitió la suscripción del proyecto "a sabiendas" de que no había dictámenes de idoneidad ni análisis que justificaran la inversión. Fue así como Fuentes Knight, supuestamente, permitió la adjudicación de una "asignación arbitraria" al otorgar, "de manera infundada y tras engañar a la administración pública", la liberación de los fondos "de manera escalonada y a beneficio de particulares". A Colom, la Fiscalía le reprocha que hubiese intervenido "de manera personal e institucional para facilitar el procedimiento fraudulento de la creación del Acuerdo" aún sabiendo que era dañino para el Estado y que se habían utilizado mecanismos "fraudulentos" para su aprobación. "Conoció que la administración pública había sido engañada", pero pese a ello "propició la firma" aún sabiendo que el proyecto era "arbitrario" y que la Asociación no podía cumplir con lo ofrecido. Con la justificación de mejorar el transporte público de la metrópoli, que desde hace décadas carece de las condiciones óptimas para la movilización de millones de usuarios, el Gobierno de Colom desarrolló "un artificio que buscó evadir los mecanismos de control estatal para defraudar al Estado, a los agremiados de la Asociación y a la ciudadanía en general", apuntó. Junto a Colom y Fuentes Knight están implicados los exministros Salvador Gándara Gaitán (Gobernación), Ana Francisca del Rosario Ordóñez (Educación), Edgar Alfredo Rodríguez (Trabajo), óscar Velásquez (Economía), Celso David Cerezo Mulet (Salud ) y Gerónimo Lancerio Chingo (Cultura); además el exviceministro Alfredo Américo Pokus Yaquian de la cartera de Energía y Minas, y el exsecretario de la Presidencia Gustavo Alejos. Todos están recluidos en una cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala desde su detención el 13 de febrero, mientras que los titulares de Defensa y Ambiente, Abraham Valenzuela y Luis Ferraté, guardan arresto en un hospital por su delicado estado de salud. A los exministros y al exviceministro, la Fiscalía los acusa de firmar y avalar el acuerdo gubernativo en ejercicio de sus funciones aún sabiendo que no había dictámenes que lo respaldaran, un hecho que la exministra de Educación, la única que accedió a prestar declaración, intentó refutar al argumentar que creía que ese subsidio era la única manera de mejorar el servicio público. Será el lunes próximo cuando el juez continúe con la audiencia de primera declaración, tras la que debe decidir si los acusados deben ser procesados y si permanecerán o no en prisión preventiva.

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